• Apetatitlán
  • Adolfo Tenahua Ramos
Lejos de recuperar la confianza ciudadana, el gobierno municipal parece profundizar la brecha con la población.

En medio de un ambiente de desconfianza y fuertes críticas, el alcalde Azain Ávalos Marbán designó a Óscar Arenas Oyorzábal como nuevo director de Seguridad Pública Municipal. Este último, quien anteriormente ocupó un cargo similar en Amaxac, llega al puesto envuelto en cuestionamientos sobre la verdadera intención del cambio y la situación interna de la corporación.

El relevo ocurre tras la destitución de José Francisco Macías Hernández, exdirector de seguridad, decisión que lejos de generar respaldo entre los ciudadanos, ha provocado mayor inconformidad. 

Diversos sectores de la población expresan que este cambio es solo una estrategia superficial con la que el presidente municipal pretende lavarse las manos ante las crecientes denuncias de corrupción y desorden dentro del gobierno local.

Aunque el alcalde Ávalos Marbán ha intentado justificar el nombramiento como un paso hacia el fortalecimiento de la seguridad y el combate a la corrupción, al interior del ayuntamiento persisten señales de complicidad, opacidad y falta de control institucional. 

Integrantes de la propia administración municipal son señalados por presuntos actos de corrupción, lo que desacredita los intentos del edil por presentar una imagen de renovación.

Fuentes cercanas a la corporación señalan que al interior de Seguridad Pública continúa imperando el desorden operativo, la falta de protocolos claros y, en muchos casos, la permisividad ante conductas indebidas. El discurso oficial de cambio contrasta con lo que ocurre en los hechos.

La ciudadanía, por su parte, ha manifestado su descontento tanto en redes sociales como en reuniones comunitarias, al considerar que la salida del anterior titular no representa un verdadero avance, sino una maniobra para desviar la atención ante las crecientes deficiencias en materia de seguridad.

Lejos de recuperar la confianza ciudadana, el gobierno municipal parece profundizar la brecha con la población, que exige cambios reales, rendición de cuentas y un combate frontal a la corrupción, no solo en el discurso, sino en la práctica diaria de quienes integran la administración pública.