- Apetatitlán
La imagen de pulcritud y legalidad que presume el alcalde Azaín Avalos Marbán se desmorona tras revelarse que su administración está marcada por el nepotismo, el amiguismo y posibles actos de desvío de recursos.
De acuerdo con documentos y registros internos del Ayuntamiento, el edil autorizó el ingreso de familiares directos a la nómina municipal, en puestos estratégicos y operativos, lo que contradice totalmente su discurso de transparencia y rendición de cuentas.
Uno de los casos más claros es el de Eduardo Noé Domínguez Pérez, quien actualmente funge como jefe de área de alumbrado público, y su hermana, Sandra Domínguez Pérez, quien ocupa el cargo de auxiliar administrativo en el DIF municipal, instancia manejada con total opacidad presupuestal. Ambos son hermanos y forman parte del círculo cercano del alcalde.
Además, se ha confirmado que su padre, Mario Domínguez Montiel, es beneficiado con un salario fijo y prestaciones, pese a señalamientos por su inasistencia laboral y nulo desempeño efectivo en funciones públicas.
Estos nombramientos, realizados por el propio presidente municipal, evidencian una red de favores y posible tráfico de influencias que contradicen los principios de legalidad e imparcialidad que debe observar todo servidor público.
El caso ha causado indignación entre la población, especialmente por el discurso hipócrita del edil, quien públicamente se muestra como un funcionario incorruptible, pero en los hechos actúa con total discrecionalidad.
Asimismo, fuentes internas señalan irregularidades en el manejo de recursos públicos, incluyendo la asignación directa de contratos a proveedores vinculados a amigos cercanos del presidente municipal, así como presuntos sobreprecios en adquisiciones de material y servicios municipales.
La falta de controles internos, el silencio de los órganos de fiscalización y la ausencia de transparencia han permitido que esta red de intereses personales florezca al amparo del poder local. Ciudadanos y actores políticos ya exigen que la Contraloría estatal y el Congreso local investiguen a fondo el actuar del alcalde y se apliquen las sanciones correspondientes por incurrir en actos que podrían constituir responsabilidades administrativas e incluso delitos.