- Chiautempan
Vecinos de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan, en el municipio de Chiautempan, emitieron un llamado respetuoso al Poder Judicial del Estado de Tlaxcala para que reabra el expediente de Saúl Rosales Meléndez, quien lleva más de tres años recluido por cargos derivados de un linchamiento ocurrido el 15 de abril de 2022.
Lo anterior luego de que el pasado 14 de julio de 2022, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado resolvió detener a Saúl, quien fungía como presidente comunitario, bajo acusación de homicidio calificado por un linchamiento que no cometió ni en el que participó .
Según las acusaciones, Rosales habría incurrido en omisión al no impedir el ataque a una persona acusada de robo. En cambio, su defensa y comunidad sostienen que intentó intervenir y calmar los ánimos, sin éxito, ya que fue rodeado y retenido por el grupo de pobladores.
En marzo de 2024, un tribunal lo declaró culpable y le impuso una sentencia condenatoria de 20 años de prisión.
Los comuneros aseguran que Saúl y su compañero Raymundo Cahuantzi han sido víctimas de una criminalización judicial por su papel como defensores del bosque del volcán Matlalcueyetl.
Ambos formaban parte del Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malinche, que ha denunciado la tala ilegal y actividades extractivas en territorio nahua.
Desde su detención, el proceso ha estado marcado por denuncias de irregularidades: audiencias canceladas reiteradamente, falta de perspectiva intercultural en el juicio, y ausencia de pruebas sólidas que vinculen directamente a Saúl con el homicidio.
Por su parte, organizaciones como Front Line Defenders denuncian un claro caso de hostigamiento judicial contra un líder comunitario elegido por su comunidad.
Por ello los vecinos exigen nuevamente la revisión imparcial y transparente del expediente por parte de los magistrados, especialmente ante las señales de procedimientos irregulares.
Que se considere la función de Saúl como líder y defensor ambiental, y la falta de intervención policial durante los hechos del linchamiento. Que, si se confirma algún vicio de procedimiento o falta de evidencia, se emita un acuerdo de liberación para restituirle la libertad.
Los habitantes enfatizan que su demanda no sólo es por la restitución de un derecho, sino también un reclamo frente a un sistema de justicia que consideran lento, poco transparente y que repite patrones de criminalización contra líderes indígenas.