- Congreso
En la primera revisión del ejercicio fiscal 2024, el Congreso del Estado dio luz verde a 32 dictámenes de cuentas públicas, pero no sin revelar cifras que encendieron las alertas: el daño patrimonial identificado supera los 38 millones de pesos.
En varios entes auditados, las cuentas se dividieron en hasta tres resoluciones distintas. Esto se debió a que, durante el año evaluado, hubo relevos en la titularidad, lo que obligó a auditar por separado cada etapa de gestión.
Aunque el aval legislativo representa un paso formal en el proceso de fiscalización, también inicia una etapa de seguimiento para que las autoridades responsables aclaren, justifiquen o devuelvan los recursos señalados.
Mientras que las observaciones no resueltas podrían derivar en sanciones administrativas o turnarse a instancias judiciales, en caso de que se presuma responsabilidad penal.
El Congreso adelantó que mantendrá la vigilancia sobre los entes implicados y que, si es necesario, solicitará auditorías adicionales para esclarecer el destino del dinero público.