- Educación
El Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala (COBAT) y su sindicato, el STACOBAT, enfrentan presuntas irregularidades financieras y administrativas que involucran directamente al director general, José Alonso Trujillo Domínguez, y a la secretaria general sindical, Domitila Guevara Flores.
De acuerdo con denuncias realizadas por trabajadores del sistema educativo, docentes y personal administrativo, los señalamientos incluyen el manejo opaco de aproximadamente 12 millones de pesos en cuotas sindicales, una elección sindical cuestionada, así como pagos indebidos y una jubilación presuntamente anticipada y negociada para proteger a la lideresa sindical de eventuales procesos legales.
Las acusaciones surgen en un contexto de malestar creciente dentro del magisterio, cuyos integrantes señalan que los recursos sindicales y públicos estarían siendo utilizados para beneficiar a un grupo reducido, mientras la mayoría de los trabajadores enfrenta los salarios más bajos en años.
“El sindicato debería ser un espacio de defensa laboral, no una estructura al servicio de intereses personales”, expresó un docente del subsistema, que pidió anonimato por temor a represalias.
Según testimonios recogidos, Domitila Guevara Flores, trabajadora de confianza al momento de su postulación sindical, habría sido electa en condiciones irregulares, al desempeñarse simultáneamente como coordinadora de zona y jefa de oficina, lo que contraviene principios de neutralidad y elegibilidad.
Además, se señala que recibió pagos adicionales por funciones no comprobadas, y que su jubilación fue autorizada por el director general en circunstancias poco claras, lo que ha encendido las alarmas entre trabajadores y autoridades educativas.
La comunidad educativa exige la intervención inmediata del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (OFS), la Secretaría de Educación Pública (SEPE) y el Gobierno del Estado, ante lo que consideran un caso que va más allá de lo administrativo.
“El daño no es solo económico. Se está atentando contra la confianza del magisterio, de los padres de familia y de los estudiantes. El COBAT debe ser una institución formadora, no un botín político”, agregó un trabajador de Dirección General.
Organizaciones docentes y colectivos ciudadanos advierten que, si no hay una respuesta clara, el caso podría escalar a nivel penal, al involucrar recursos públicos, derechos laborales y posibles actos de encubrimiento.