- Seguridad
El interno identificado como Ventura “N”., recluido en el Centro de Reinserción Social, que denunció públicamente presuntos actos de corrupción, abusos de autoridad y hasta actividades delictivas organizadas desde el interior de los penales, ha vuelto a recibir supuestas amenazas, sin que las autoridades le otorguen protección efectiva.
De acuerdo con testimonios de personas cercanas al caso, Ventura “N” ha sido objeto de represalias por parte de mandos penitenciarios desde que hizo públicas sus acusaciones. Entre las medidas de castigo, se reporta la restricción de visitas y otros derechos a varios internos del penal.
La omisión no solo involucra a las autoridades penitenciarias, sino también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, señalada por no brindar garantías de seguridad al denunciante ni dar seguimiento contundente a los hechos, lo que despierta sospechas de posible colusión o encubrimiento.
Las quejas presentadas describen que se han presentado amenazas, actos de tortura y amedrentamiento contra personas privadas de la libertad, quienes —pese a cumplir su condena— enfrentan tratos inhumanos y degradantes.
Tuvieron que pasar meses, amenazas, pérdidas materiales, un cambio forzado de penal y la difusión de un video con sus acusaciones para que el caso comenzara a tener visibilidad pública.
Los denunciantes exigen la intervención inmediata de autoridades estatales y federales, advirtiendo que la integridad y la vida de Ventura “N” están en riesgo, y que el caso revela una crisis más profunda dentro del sistema penitenciario de Tlaxcala, marcada por la impunidad y la ausencia de controles efectivos.
De este caso el gobierno del estado informó que Juan Antonio Martínez Guerrero, director de los Centros de Reinserción Social, fue separado de manera provisional de su cargo.