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  • Adolfo Tenahua Ramos
Gustavo Tlatzimatzi sabía que estaba pasando lo que hoy se denuncia, pero no quiso mover un solo dedo.

Nuevas evidencias han salido a la luz en torno al exdirector del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tlaxcala, Juan Antonio Martínez Guerrero, quien fue separado de su cargo tras denuncias de extorsión, amenazas y uso de internos para cometer delitos.

Una denuncia filtrada en poder de este medio y firmada por Ventura N.,  revela que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que encabeza Gustavo Tlatzimatzi Flores, contó con fotografías de transferencias y depósitos realizados hacia cuentas del exfuncionario, así como a dos comandantes penitenciarios.

Entre las pruebas figura un depósito por 2 mil pesos efectuado el 27 de julio  de 2024 a nombre de Juan Antonio, presuntamente entregado como parte de sobornos o pagos exigidos a reclusos para obtener “protección” o favores dentro del penal.

Ventura “N”, interno del CERESO de Apizaco, declaró que desde 2023 era extorsionado por los comandantes Aristóteles Conde y Elionaid Primo Fernández, quienes, según su testimonio, exigían cuotas de miles de pesos quincenales para mantenerle en talleres laborales o evitar represalias.

Según Ventura “N”, a partir de 2024 hubo un cambio en la modalidad del cobro: se ordenó que el dinero ya no fuera depositado en cuentas anónimas, sino entregado directamente “en mano” del exdirector Juan Antonio.

De acuerdo a lo relatado en la denuncia, los comandantes exigieron que los pagos fueran en efectivo, ya que no querían dejar evidencia de que incurrían en estas prácticas corruptas, sin embargo, existen posibles pruebas de los depósitos hechos en fechas diferidas.
Esta situación, según la denuncia presentada ante la Fiscalía Anticorrupción, deja claro que la dependencia contaba con indicios de estas operaciones, pero no actuó con prontitud para detenerlas, lo que evidencia una posible omisión deliberada ante actos de corrupción que ya tenían rastros documentales.

El caso ha exacerbado la tensión sobre el sistema penitenciario en Tlaxcala, que vivió un antes y un después desde que se difundió el video de Ventura “N”, donde señalaba amenazas contra su vida y la de sus familiares, y acusaba al exdirector de obligar a reos a delinquir fuera del penal.

Las autoridades, por su parte, están avalando que la Fiscalía Anticorrupción realice las diligencias necesarias. Mientras se desahogan las investigaciones, un encargado temporal asumirá la administración del CERESO para garantizar el orden y la integridad del proceso