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En Tlaxcala, el debate sobre la interrupción legal del embarazo volvió a ser escenario este día fecha en que a nivel internacional se conmemora el Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Frente al Congreso local, se llevaron a cabo manifestaciones simultáneas con posturas encontradas: colectivos feministas exigieron la despenalización del aborto en la entidad, así como políticas públicas que garanticen un Estado laico y el respeto pleno a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Del otro lado, grupos de inspiración católica y asociaciones civiles provida se plantaron para exigir a los diputados frenar cualquier intento de reforma que abra la puerta a la legalización.
La confrontación no derivó en incidentes, pero dejó ver la polarización social sobre un tema que sigue pendiente en la agenda legislativa de Tlaxcala. Actualmente, en la entidad solo se permite la interrupción del embarazo en casos de violación o cuando la vida de la madre corre riesgo, a diferencia de estados como Oaxaca, Veracruz, Hidalgo o Ciudad de México, donde el aborto ya es legal hasta las 12 semanas de gestación.
Organizaciones feministas recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido resoluciones que reconocen el aborto como un derecho humano vinculado a la libertad de las mujeres, y señalaron que el Congreso local está rezagado frente a esas disposiciones.
En contraste, colectivos provida advirtieron que legalizar el procedimiento significaría, según su visión, “atentar contra la vida desde la concepción” y llamaron a los legisladores a escuchar a “la mayoría de los ciudadanos con valores familiares”.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en los últimos cinco años mujeres tlaxcaltecas han tenido que desplazarse a entidades vecinas para acceder a servicios de aborto seguro, lo que representa no solo un gasto económico, sino también un acto de discriminación y desigualdad.
El Congreso del estado, por su parte, no ha anunciado una fecha próxima para retomar la discusión legislativa.