- Tlaxcala
Tras décadas de abandono institucional, el Consejo Agrario Permanente (CAP) alzó la voz para exigir justicia y condiciones que garanticen ingresos dignos a los productores de maíz, ante el creciente deterioro del campo y la pérdida de cultivos básicos que sostienen la economía rural.
El CAP demandó la creación de un fondo económico conjunto entre los gobiernos federal y estatal que permita contar con un “colchón financiero” y créditos sobre la producción, a fin de que los agricultores puedan operar con estabilidad y no queden a merced de la incertidumbre del mercado.
Asimismo, plantearon la necesidad de establecer garantías rígidas que protejan al productor, junto con un esquema de aseguramiento agrícola subsidiado parcialmente por los mismos campesinos, con el propósito de salvaguardar sus cosechas frente a desastres naturales, plagas o crisis económicas.
Entre sus exigencias, destacaron el reconocimiento real del valor del campo mediante precios mínimos y justos para el maíz, lo que consideran una demanda legítima frente al deterioro progresivo del ingreso rural. “Sin precios justos no hay justicia social; sin campo no hay Tlaxcala ni Nación”, afirmó el Consejo, al subrayar que el campo debe convertirse en una prioridad para los gobiernos, no solo en discurso, sino con hechos que impacten directamente a los productores.
Además de las demandas económicas, los representantes del CAP exigieron justicia por el asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán, ocurrido recientemente, y pidieron el esclarecimiento del crimen, así como acciones efectivas para frenar la violencia que también afecta al sector rural.
Finalmente, el Consejo Agrario Permanente convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a sumarse a esta causa de manera responsable, con acciones concretas que fortalezcan al campo mexicano y devuelvan dignidad a quienes lo trabajan.