- Tlaxcala
El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del estado está en el ojo del huracán. Una nueva denuncia fue interpuesta ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC), acusando la alteración descarada de constancias en un expediente laboral, además del delito grave de falsedad ante autoridades federales.
La acusación no es un hecho aislado, sino la prueba de que el TCA se ha convertido en una zona de impunidad donde las irregularidades son el pan de cada día.
Todo indica que la presidenta del tribunal Paola Sosa Vargas está del lado de la corrupción.
El Colapso Institucional del TCA
Este nuevo caso de manipulación se suma a una lista de escándalos que evidencian una crisis terminal en la justicia laboral tlaxcalteca:
Fraude de Laudos Millonarios: Persisten las sospechas de una red de manipulación de expedientes diseñada para inflar y generar el pago de laudos que ascienden a cifras millonarias, drenando de manera ilícita las arcas públicas del estado.
Ataque a la Libertad Sindical: La corrupción del Tribunal se extiende al plano gremial, al presuntamente negar ilegalmente la toma de nota al sindicato "7 de Mayo", atropellando la representación y los derechos fundamentales de los trabajadores.
La Presidenta Atacada y Atrincherada: Mientras el Tribunal arde en denuncias, el ambiente interno es caótico, con reportes de acoso laboral por parte del personal en contra de la presidenta. ¡Pero el caos se agrava! La misma presidencia se niega a encarar la realidad, pues ha optado por colocar rejas de seguridad que bloquean el acceso a su oficina, impidiendo que abogados litigantes y ciudadanos puedan avanzar en sus juicios.
Exigen a la FECC que Frene el Desastre
Los afectados y la comunidad jurídica de Tlaxcala están hartos. La denuncia ante la FECC exige una intervención inmediata y una investigación a fondo para desmantelar esta red de corrupción que opera en pleno corazón de la justicia laboral. La alteración de documentos y la falsedad de información no solo son delitos, sino un golpe directo a la credibilidad del nuevo sistema de justicia en el estado.