- Nopalucan
La corporación policiaca de Santa Ana Nopalucan atraviesa una crisis institucional donde elementos municipales denunciaron que la Dirección de Seguridad Pública opera bajo prácticas irregulares, ausencia de controles y la intervención de personas sin facultades para ejercer mando dentro de la corporación.
De acuerdo con testimonios internos, el director José Álvaro Licona Flores continúa en el cargo a pesar de no haber aprobado los exámenes de control y confianza. Pese a ello, el presidente municipal Pedro Pérez Vásquez lo mantiene al frente, lo que —señalan los inconformes— permitió que un civil, identificado como Leonel González Rodríguez, asumiera funciones propias de un comandante sin contar con acreditaciones ni autorización legal. Los policías afirman que esta persona incluso firma documentos oficiales y desplazó al mando reconocido.
Los elementos también refieren un ambiente deteriorado por presuntos favoritismos, conflictos personales al interior de la corporación y ausencias reiteradas del director, lo que ha provocado desorganización operativa y falta de supervisión.
En materia de recursos, la situación no es más favorable. Patrullas averiadas, motocicletas sin documentación en regla, equipo insuficiente y bajos salarios forman parte de las condiciones que los agentes consideran un riesgo para el desempeño de sus labores. A ello se suma el uso presuntamente irregular de un arma de fuego y señalamientos sobre unidades empleadas para fines no oficiales.
Pese a la acumulación de denuncias, los elementos aseguraron que el alcalde ha restado importancia a los señalamientos, reduciendo la problemática a un “malentendido”, sin ofrecer aclaraciones puntuales ni ordenar una revisión de los hechos reportados. Los policías sostienen que, en lugar de atender las anomalías, el edil ha optado por desacreditar a los denunciantes y a los medios que han documentado el caso.
Mientras la autoridad municipal evita emitir acciones correctivas, la policía de Nopalucan continúa operando bajo un esquema de mando irregular y con recursos limitados, un escenario que —advierten los propios agentes— compromete la capacidad de respuesta y la seguridad pública del municipio.