- Gobierno
A propósito del Día Internacional contra la Corrupción que se conmemoró el día de ayer, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante el primer semestre de este año, 45.2 por ciento de las personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, fue víctima de actos de corrupción al interactuar con autoridades de todos los niveles de gobierno.
Aunque lo más preocupante, es que, mientras en ese periodo a nivel federal hubo dos mil 341 personas sancionadas en la administración pública federal, equivalente a 14.4 por cada 10 mil personas servidoras públicas, en las entidades federativas el porcentaje es mucho menor, situación que refleja el poco o nulo combate a este flagelo social.
Y es que. de enero a junio de 2025, 8.9 % de personas de 18 años y más, residentes de áreas urbanas, que realizaron de forma directa algún trámite, pago o solicitud de servicio ante una persona servidora pública, fue víctima de corrupción.
A pesar de que la ley prevé las sanciones y procedimientos de responsabilidad, estos niveles siguen siendo preocupantes, pues aun cuando los Órganos Internos de Control (OIC) son las instancias facultadas para ejecutar, en el ámbito de sus competencias, investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas, esto no ha ocurrido a menudo.
Para desgracia de los tlaxcaltecas, esta entidad es una donde menor combate a la corrupción existe, pues mientras en Quintana Roo y Chihuahua registraron denuncias en contra de 176.7 y 136.9 funcionarios por delitos de corrupción por cada mil servidores públicos, resulta que en Tlaxcala la corrupción prácticamente no existe, pues solo se registraron 3.7 denuncias por cada mil, apenas por arriba de Yucatán y Sinaloa con 3.4 y 3.3 servidores públicos denunciados.
Y si de sanciones se trata, resulta que mientras en la Ciudad de México y Campeche, procedieron contra de 10.3 y 8.1, respectivamente, por cada mil servidores, en Tlaxcala, solo proceden en contra del .39, es decir, para que procedan en contra de uno por cada mil servidores públicos, necesitan pasar al menos tres años; en otras palabras, durante su administración Lorena Cuéllar solo procederá formalmente en contra de dos.
De ese nivel es el combate a la corrupción en el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, donde, desde su mundo llamado Lorelandia, la corrupción prácticamente no existe, a pesar de las cientos de observaciones que ha recibido a través de sus cuentas públicas.