- Nacional
CDMX, 11 de diciembre de 2025.- En un gesto que huele a desesperación tardía, el Senado de la República aprobó hoy un exhorto dirigido a las autoridades estatales de Tlaxcala para que, por fin, implementen un plan «urgente» de prevención y combate a la inseguridad. La propuesta, impulsada por la senadora tlaxcalteca Anabell Ávalos Z. (Morena), llega como un grito ahogado en medio de un año que ha convertido al estado en un polvorín de violencia: narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa en Tlaxco, cabezas humanas en Ixtacuixtla, cuerpos abandonados en la frontera con Puebla y una percepción de inseguridad que ha escalado al 71 % de la población. ¿Pero será este llamado un catalizador real o solo otro parche en una herida gangrenosa que el gobierno de Lorena Cuéllar ha ignorado durante 38 meses de supuesta «paz»?
La senadora Ávalos, en un video difundido esta mañana en sus redes, no se anduvo con rodeos: «Tlaxcala merece vivir en paz. La percepción de inseguridad creció 16 % y nuestras familias lo sienten todos los días». Su exhorto exige un plan integral que incluya inteligencia policial, mayor presencia en zonas críticas y coordinación con la Federación. Sin embargo, este «avance» legislativo choca frontalmente con la realidad cruda que viven los tlaxcaltecas. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), a través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de septiembre de 2025, revelan que el 71 % de los habitantes de la capital se sienten inseguros —un salto alarmante de 15.4 puntos porcentuales respecto a 2024—. En espacios cotidianos, el terror es palpable: 83.5 % teme por su vida en cajeros automáticos de la vía pública, 80.9 % en bancos y 68.1 % en el transporte público.
Tragedias que han marcado 2025 y que sumieron a la entidad en el horror puro. Dos ejemplos: seis cabezas humanas en Ixtacuixtla, con un narcomensaje que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha ignorado en su informe de víctimas.
En octubre, el exrector de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, Humberto N., fue ejecutado junto a otro hombre por «no pagar a tiempo» a extorsionadores: un cartel macabro que resume la sumisión forzada a la delincuencia organizada.
Las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportan 109 homicidios de enero a noviembre, pero organizaciones independientes como CRUCES 2025 elevan la cuenta a 139, con focos rojos en San Pablo del Monte, Calpulalpan y Chiautempan.
En feminicidios, la brecha es escandalosa: siete según el SESNSP, pero 19 según CRUCES, con Apizaco y Tetlatlahuca como epicentros de un terror de género que el gobierno minimiza. Y ni hablar de los narcolaboratorios en Tlaxco, vinculados al Cártel de Sinaloa, o los recientes hallazgos de siete cuerpos en la zona limítrofe con Puebla —posiblemente «levantados» en Tepeaca por disputas de huachicol—. Las autoridades poblanas aseguran que el hallazgo de estos cuerpos fue en territorio tlaxcalteca y que corresponden a sus instancias de justicia las que deben investigar.
Mientras tanto, el gobierno de Cuéllar presume en su cuarto informe —recientemente presentado— que Tlaxcala es «el estado más seguro del país», con 38 meses consecutivos de baja incidencia delictiva y una inversión de 229 millones de pesos en la flamante «Ciudad de la Seguridad» y el C5i, que supuestamente redujo robos de vehículos en 70 %.
Autoridades federales y estatales alardearon de más de 600 detenciones, recuperación de vehículos y consejos municipales de paz. Pero estas «victorias» son un espejismo.
Y el costo humano y económico es devastador: la Encuesta Nacional de Victimización (ENVIPE) 2025 calcula que cada hogar tlaxcalteca perdió 5829 pesos por delitos, con extorsiones como el flagelo principal.
La crítica es inevitable: ¿dónde está la coordinación efectiva con Puebla, vecina en el caos? Los gobernadores Alejandro Armenta y Lorena Cuéllar firmaron convenios para «blindar» la frontera, pero hallazgos como los de seis cadáveres en la frontera o los cuatro estudiantes muertos en el último trimestre por violencia o suicidio demuestran que las palabras no detienen balas.
Este exhorto del Senado es un recordatorio brutal: Tlaxcala no necesita más discursos de «paz vivida día a día», sino acciones concretas contra la corrupción policial, la infiltración del crimen organizado y la opacidad de la FGE.