- Tlaxcala
Aun cuando la ley en la materia es más que clara en cuanto a los tiempos y procedimientos para agotar cada una de las etapas dentro de una demanda laboral, todo indica que, en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje (TCyA), hierve la corrupción y que la promesa de las magistradas de cumplir y hacer cumplir la ley les entró por un oído y les salió por el otro, pues hay casos donde llevan casi cuatro meses sin poder emitir el acuerdo sobre la admisión de una demanda laboral.
Dicha situación, ha provocado que las nuevas “magistradas del bienestar” Paola Sosa Vargas, Alejandra Cósetl Flores y Águeda Zempoalteca Pérez, quienes en los casi cuatro meses que llevan en su cargo, solo han propiciado que las demandas laborales de cientos de extrabajadores se encuentren congeladas, violando con ello flagrantemente la ley en la materia, pues por razone$ que se desconocen, simplemente no han cumplido con su labor.
De acuerdo con denuncia de abogados litigantes, pusieron como ejemplo el caso de una demanda laboral presentada el 17 de octubre de este año, es decir, hace prácticamente dos meses, tiempo el cual, las flamantes magistradas que solo se la pasan en comidas en restaurantes y de damas de compañía en evento de la gobernadora, ni siquiera han tenido la decencia de emitir el acuerdo de admisión de la demanda y muchos menos le han asignado un número de expediente.
Aunque en reiteradas ocasiones han acudido al TCyA para preguntar por el caso, en la Oficialía de Partes simplemente les han informado que todavía no hay nada, que las magistradas no han sesionado, por lo que, en más de una docena de ocasiones, solo les han dado largas sobre este caso.
Pero que dice la ley al respecto. De acuerdo con el Título Sexto referente al Procedimiento Ordinario de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, su artículo 133 establece que “En el procedimiento ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no se requieren formas o solemnidad especial en la promoción o intervención de las partes, el cual será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte…”.
Incluso, el artículo 134, prevé que “El procedimiento del derecho laboral y los procedimientos para procesales, se substanciarán y decidirán en los términos señalados en esta ley. El Tribunal ordenará que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la substanciación en el proceso para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que pueda revocar sus propias resoluciones, según lo determina esta ley”; es decir, en caso de que alguna demanda no cuente con los requisitos previstos en la ley, los magistrados están obligados a advertir esto al abogado y personas demandante.
Por si fuera poco, el artículo 137 establece que, una vez presentada la demanda, “El Secretario inmediatamente turnará al Presidente del Tribunal (Paola Sosa) el escrito de demanda, para que dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que se haya recibido la demanda, se dicte acuerdo en el cual se señale día y hora para la celebración de las audiencias de conciliación y mediación; y la de demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, mismas que deberán celebrarse respectivamente dentro de los quince y veinte días hábiles siguientes…”.
Como se puede ver, el plazo previsto en la ley para emitir el acuerdo de admisión de la demanda es de solo 24 horas, pero en el caso que se denuncia, la magistrada presidenta, Paola Sosa Vargas y sus acompañantes Alejandra Cósetl Flores y Águeda Zempoalteca Pérez, se han tardado mil 320 horas sin cumplir con su trabajo, un retraso de mil 296 horas que las magistradas se la han pasado dormidas sin atender su responsabilidad como servidoras públicas y que todo indica que seguirán retozando en sus vivienda, pues estamos a unos días de iniciar con el periodo vacacional.
Lo preocupante del caso, es que, así como esta demanda laboral suman cientos de demandas donde la simple admisión lleva tres o en algunos casos hasta seis meses sin emitirse, de ese tamaño es el nivel de corrupción en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Tlaxcala, con las “magistradas del bienestar” impuestas por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.