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La audiencia en la que este jueves la Fiscalía General del Estado (FGE) pretendía formular imputación al periodista Rodolfo Ruiz Rodríguez, director del medio digital e-consulta, fue pospuesta para el próximo lunes por la mañana, luego de que el agente del Ministerio Público entregara siete tomos correspondientes a la carpeta de investigación en la que se le señala por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El volumen de la información entregada al inicio de la diligencia motivó que la defensa solicitara tiempo para revisar el contenido, petición que el juez de control concedió. Por ello, la audiencia fue diferida.
Ruiz calificó el proceso como un acto de persecución derivado —según dijo— de diversas publicaciones en las que su medio ha cuestionado la operatividad o los malos manejos de instituciones públicas, entre ellas la propia FGE.
Este 11 de diciembre, Ruiz fue citado a las 10:00 horas en el Centro de Justicia Penal de Puebla para la audiencia en la que la representación social lo acusaría formalmente del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Después de dos horas de espera, a la sala de oralidad número 1 llegó el juez de control José Guillermo Valdez Luna, quien el pasado 8 de diciembre emitió y firmó el citatorio en el que incluso se advirtió al periodista que, en caso de no presentarse voluntariamente, sería llamado a comparecer o incluso aprehendido.
En cumplimiento de lo ordenado por el juez de control, el director de e-consulta se presentó en compañía de sus abogados para el desahogo de la audiencia.
Durante aproximadamente 30 minutos de permanencia en la sala, el agente del Ministerio Público entregó siete tomos que forman parte del proceso penal existente contra el periodista, quien dijo a El Sol de Puebla que se trata de una cantidad “exorbitante” de documentación cuyo contenido desconoce, pero que ahora su defensa revisará.
“Mira, después de cinco años me entregan esta cantidad de papeles, son siete tomos; la audiencia se difirió”, expresó al salir de la diligencia, a la cual personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se opuso a que este medio documentara el hecho de primera mano. Al conocer la presencia de la prensa y la causa penal que se pretendía cubrir, negaron todo tipo de información y orientación.
En entrevista, el comunicador destacó que se trata de una persecución política que data de 2020, en tiempos del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, y que ahora, cinco años después, la Fiscalía reactivó tras la publicación de trabajos periodísticos en los que se exhibió la entrada y salida de fiscales y diversos funcionarios de la FGE por presuntos actos fuera de la ley o investigaciones en su contra.
“Lo que ocurre es que simplemente quieren acabar con el medio derivado de distintas publicaciones que han puesto al descubierto muchas cosas que a los demás les molestan”, enfatizó.
El director de e-consulta prefirió no opinar sobre si existe o no una inclinación en su contra por parte del juez de la causa, pues indicó que no lo conoce ni en lo personal ni en lo profesional. No obstante, dijo esperar que todo marche con apego a derecho.
Concluyó señalando que el riesgo de una aprehensión, bajo las circunstancias en las que se está dando la investigación, es latente, esperando —desde luego— que no suceda.