- Apetatitlán
El Órgano de Fiscalización Superior (OFS) documentó una serie de irregularidades financieras en el Ayuntamiento de Apetatitlán durante el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2024, bajo la responsabilidad del alcalde Azaín Ávalos Marbán, relacionadas con la contratación de servicios de imagen, difusión de contenido e impresión de invitaciones oficiales.
De acuerdo con el informe, el gobierno municipal realizó pagos por un total de 220 mil 382 pesos a un proveedor por conceptos de invitaciones impresas y difusión de contenido institucional, desglosados de la siguiente manera:
57 mil 982 pesos por la impresión de invitaciones para la toma de protesta; 58 mil pesos por servicios de difusión en internet correspondientes al mes de septiembre, 34 mil 800 pesos por difusión en octubre.
34 mil 800 pesos por difusión en noviembre y la misma cantidad por concepto de difusión en diciembre.
No obstante, aunque se reportó el pago de 769 invitaciones, el municipio únicamente logró justificar 109, sin que se acreditara documentalmente el destino ni el uso del resto, lo que constituye una observación grave por falta de comprobación del gasto público.
Uno de los puntos más delicados señalados por el OFS es que las cotizaciones y requisiciones están fechadas antes del inicio formal de la administración municipal 2024–2027, es decir, los servicios fueron contratados cuando el actual gobierno aún no se encontraba legalmente en funciones, lo que podría configurar violaciones a la normatividad administrativa y posibles responsabilidades legales.
El informe también señala que Javier Pulido funge como representante legal de Scarlett Orea, quien es identificada como la persona encargada de la difusión de la imagen del alcalde e hija del ex alcalde de Zacatelco Tomás Orea. Además, la plataforma de contenido del Ayuntamiento se encuentra vinculada directamente a Javier Pulido, quien recibe pagos mensuales por concepto de manejo de imagen institucional, lo que refuerza los señalamientos de una contratación concentrada y sin transparencia.
A esta red de relaciones se suman personas identificadas dentro del mismo círculo, como Mónica Morales Orea, quien aparece como proveedora en obra pública a través del Grupo Constructor IM del Sur, lo que sugiere un posible esquema de proveedores recurrentes con vínculos entre sí, tanto en servicios de imagen como en contratos de infraestructura.
El OFS advierte que entre septiembre de 2024 y 2025, el gasto destinado únicamente a la imagen del presidente municipal asciende a 580 mil pesos, una cifra que contrasta con las carencias sociales del municipio y que no cuenta con una justificación clara de beneficio público.
Las observaciones realizadas podrían derivar en procedimientos administrativos, reintegros de recursos o responsabilidades legales, en caso de que el Ayuntamiento no logre solventar las anomalías detectadas. Mientras tanto, el caso vuelve a poner bajo la lupa el uso discrecional de recursos públicos para promoción personal y la existencia de redes de proveedores vinculadas al poder municipal.