• Educación
  • Rosario Techalotzi Ramos
Los adeudos en pagos no son hechos aislados ni errores administrativos menores, sino una problemática recurrente que afecta de manera directa la estabilidad económica y laboral del personal docente.

La reciente manifestación de docentes del Colegio de Bachilleres de Tlaxcala (COBAT) fue el reflejo del hartazgo acumulado ante una administración que ha fallado una y otra vez. Retrasos en los pagos, desorden administrativo y cero disposición al diálogo son, acusan los maestros, el sello de la gestión de José Alonso Trujillo Domínguez, a quien responsabilizan directamente de mantener al personal en el abandono y la discriminación.

Según los trabajadores, los adeudos en pagos no son hechos aislados ni errores administrativos menores, sino una problemática recurrente que afecta de manera directa la estabilidad económica y laboral del personal docente. Los maestros señalaron que, pese a múltiples solicitudes formales, no han recibido una respuesta clara ni un calendario confiable para la regularización de sus percepciones.

En este contexto, los docentes expresaron su inconformidad con la actuación de la secretaria general, Domitila Guevara Flores, a quien señalan por no asumir una defensa efectiva de los derechos laborales y por respaldar las decisiones de la dirección general, quienes en contubernio se han burlado de los propios trabajadores.

Para los manifestantes, la falta de atención a las demandas sindicales ha generado un clima de inconformidad y desconfianza al interior del subsistema, afectando no solo a los trabajadores, sino también el funcionamiento institucional. “La educación no puede sostenerse sobre la precarización de quienes la imparten”, expresaron durante la movilización.

El sindicato advirtió que, de no existir soluciones inmediatas y transparentes, las acciones de protesta continuarán, al considerar que la movilización es el único recurso que les queda ante la falta de canales efectivos de diálogo.

Finalmente, los docentes reiteraron que su exigencia no es política ni personal, sino laboral e institucional: pagos puntuales, respeto a los acuerdos y una conducción administrativa que priorice el cumplimiento de las obligaciones legales.

 

 

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