- Tlaxcala
El gobierno de México ha reconocido que el marco legal que regula las inversiones y la suerte en el país no responde a la realidad actual del mercado. La Ley Federal de Juegos y Sorteos, promulgada en 1947, sigue siendo la base normativa de una actividad que hoy opera, en gran medida, a través de plataformas digitales y con una presencia cada vez más visible en eventos deportivos y espacios publicitarios.
A pesar de este diagnóstico, la administración federal no ha definido un cronograma concreto para una reforma integral. En cambio, el debate reciente se ha centrado en medidas fiscales, como el aumento de la carga tributaria del sector, previsto en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo. La propuesta ha generado reacciones entre operadores y especialistas, lo que significa que los ajustes fiscales avanzan más rápido que la actualización de las normas operativas.
Funcionarios gubernamentales han admitido ante el Congreso que la legislación vigente presenta limitaciones para brindar seguridad jurídica, supervisar eficazmente a los operadores y establecer mecanismos modernos de protección al usuario. Desde una perspectiva oficial, una posible reforma permitiría al Estado fortalecer la lucha contra prácticas irregulares, como el uso de plataformas no autorizadas o el lavado de dinero, sin prohibir una actividad que forma parte del consumo digital.
Representantes de la industria han insistido en que la falta de reformas estructurales mantiene al sector en una zona de ambigüedad. En mi opinión, el riesgo no radica únicamente en la carga fiscal, sino en la ausencia de normas claras que definan responsabilidades, controles técnicos y obligaciones en materia de identificación de usuarios. Este debate cobra mayor relevancia en vísperas del Mundial de 2026 , evento que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá, y que aumentará la atención sobre los eventos deportivos.
En medio de este debate, existen experiencias regionales que han optado por diferentes caminos. Brasil, por ejemplo, aprobó en los últimos años un marco regulatorio específico para las apuestas en línea fijas. El modelo brasileño establece estrictos requisitos de verificación de identidad, controles antilavado y obligaciones técnicas para los operadores autorizados, con el objetivo de integrar la actividad en el sistema financiero formal y reducir los riesgos para los usuarios. Si bien las autoridades mexicanas no expresaron una intención explícita de replicar este esquema, el caso brasileño podría servir de referencia para un nuevo mercado con leyes sólidas.
Los datos sobre el comportamiento de los apostadores en Brasil aportan elementos para comprender el impacto social del sector. Investigaciones recientes de casinos de KTO indican que la mayoría de los usuarios juegan con poca frecuencia, ocasionalmente o una vez al mes. En cuanto al gasto, alrededor del 63 % destina hasta 100 reales al mes, aunque una proporción menor supera esta cantidad. Las principales motivaciones declaradas son el entretenimiento y el seguimiento de eventos deportivos, sobre todo por motivos económicos.
En México, el crecimiento del mercado avanza sin un marco actualizado que lo organice de manera integral. El reconocimiento oficial del ordenamiento jurídico convive con decisiones parciales y un sector en constante expansión. La definición de una reforma, o su postergación, marcará el papel del Estado en relación con una actividad que ocupa un espacio relevante en la agenda política y regulatoria nacional.