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En Tlaxcala, donde la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros prometió transparencia y combate a la corrupción desde su llegada al poder en 2021, se consolida un patrón alarmante de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos. Uno de los beneficiarios estrella es el empresario poblano Fernando Alva Aramburú, administrador general de Servicios Internacionales Colosal, una compañía que parece diseñada a la medida para aprovechar los recursos del gobierno estatal.
Esta empresa se constituyó el 11 de diciembre de 2021, apenas tres meses después de que Cuéllar asumiera la gubernatura. Rápidamente, obtuvo la adjudicación para construir el Centro de Rehabilitación Integral (CRIT) Teletón en Apetatitlán de Antonio Carbajal —un proyecto emblemático con una inversión pública que ronda los 140-150 millones de pesos—, y ha acumulado más obras del gobierno de Tlaxcala, incluyendo participación en la construcción de la Ciudad Administrativa de Tlaxcala, uno de los proyectos más ambiciosos de la administración actual. Todos estos son contratos millonarios, que suman cientos de millones de pesos en recursos públicos, como se detalla en informes oficiales de avance de infraestructura y anuncios gubernamentales.
¿Coincidencia? Imposible creerlo cuando el historial de Alva incluye vínculos políticos evidentes: en 2012, formó parte de la Comisión de Financiamiento Privado del Partido Nueva Alianza, apoyando la campaña de Enrique Peña Nieto. En un estado donde más del 40% de los contratos públicos se otorgan por adjudicación directa —un mecanismo que evade la competencia abierta y fomenta la opacidad—, una empresa recién nacida y sin trayectoria previa accede no a una, sino a varias obras clave de alto valor económico. Esto no es eficiencia administrativa; huele a tráfico de influencias y amiguismo descarado.
El escándalo adquiere un matiz aún más sombrío con las acusaciones de amenazas proferidas por Alva Aramburú contra Alina Dobner, una modelo y figura pública que ha utilizado sus redes sociales para denunciar presuntas amenazas. En un reel de Instagram reciente, Dobner narra un proceso de sanación personal marcado por experiencias traumáticas directamente vinculadas a este empresario. Aunque no se han hecho públicas denuncias formales confirmadas por autoridades, estas alegaciones delinean un perfil preocupante: un contratista multimillonario del gobierno que, al parecer, recurre a la intimidación para acallar voces críticas.
Este tipo de conducta encaja perfectamente en un ecosistema donde el poder económico se entremezcla con el político. Amenazar a quienes exponen anomalías no es solo un acto de cobardía individual, sino una estrategia para blindar la impunidad colectiva.
¿Cuántas personas más en Tlaxcala han optado por el silencio ante el temor a represalias de "favoritos" como Alva?
La gobernadora Cuéllar carga con una responsabilidad directa e inaplazable. Su administración ha sido señalada por reformas que concentran el control de contratistas en la Secretaría de Finanzas, restringiendo la autonomía municipal y allanando el camino a adjudicaciones discrecionales. Otorgar múltiples contratos millonarios a empresas como Colosal —con propietarios de lealtades políticas dudosas— no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que desvía recursos públicos hacia bolsillos privados conectados.
Es imperativo que las instancias fiscalizadoras investiguen exhaustivamente estas acusaciones de amenazas, revisen los procesos de asignación de todas las obras concedidas a Servicios Internacionales Colosal —incluyendo el CRIT y la Ciudad Administrativa— y auditen el uso de los fondos en cada proyecto millonario. Tlaxcala no puede seguir tolerando que el dinero de los contribuyentes engrose fortunas construidas sobre favoritismo y miedo. Mientras figuras como Fernando Alva Aramburú acumulen contratos en la sombra, la "cuarta transformación" prometida por Cuéllar no será más que una farsa.