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La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala (CEDH), Jaqueline Ordóñez Brasdefer, reconoció que en la entidad persisten retos importantes en materia de atención a personas con discapacidad, así como en la aplicación de protocolos antilinchamientos y en las condiciones de los centros de detención municipales.
En el tema de discapacidad, Ordóñez Brasdefer señaló que, si bien se han registrado avances, aún existen pendientes que deben atenderse para garantizar plenamente los derechos de este sector de la población, particularmente en materia de accesibilidad, atención institucional y armonización de políticas públicas.
Respecto a los protocolos antilinchamientos, recordó que en 2022 la CEDH emitió una Recomendación General, derivada de la detección de fallas de comunicación y coordinación entre los distintos mandos de seguridad, lo que dificultaba la atención oportuna de situaciones de riesgo y violencia colectiva.
Explicó que dicho protocolo fue posteriormente derogado y sustituido por uno nuevo, el cual fue diseñado bajo un enfoque integral, incorporando la participación de diversas instancias, incluida la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de observar, analizar y fortalecer la actuación de las autoridades ante este tipo de eventos.
La presidenta de la CEDH subrayó que el nuevo protocolo busca mejorar la coordinación interinstitucional, prevenir violaciones a derechos humanos y garantizar una respuesta más eficaz por parte de las corporaciones de seguridad, respetando en todo momento la integridad de las personas involucradas.
Asimismo, Ordóñez Brasdefer abordó la situación de los centros de detención municipales, donde señaló que continúan los trabajos de supervisión y acompañamiento para verificar que las condiciones de internamiento se apeguen a los estándares de derechos humanos, particularmente en aspectos como trato digno, infraestructura y procedimientos.
Finalmente, reiteró que la CEDH mantiene su compromiso de vigilar, emitir observaciones y acompañar a las autoridades, con el fin de avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos en Tlaxcala, especialmente en temas sensibles que requieren atención constante y coordinación entre instituciones.


