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El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) decidió cerrar filas y aplicar mano dura contra los partidos políticos que arrastran sanciones económicas sin cubrir desde el ejercicio 2025. Como resultado, el organismo electoral ordenó la retención de más de 10.5 millones de pesos de las prerrogativas públicas que reciben diversas fuerzas políticas en el estado.
La medida impactará directamente a ocho partidos, cuyos adeudos se generaron por multas derivadas de irregularidades administrativas y financieras detectadas en procesos de fiscalización anteriores. Al no haber sido liquidadas en su totalidad, el ITE determinó aplicar los descuentos de manera automática sobre los recursos públicos que mensualmente se les asignan.
De acuerdo con los montos actualizados, el Partido Alianza Ciudadana (PAC) es el más afectado, al concentrar la sanción más elevada, que rebasa los 3.1 millones de pesos, lo que representa un golpe significativo a su operación política y estructura interna.
En segundo lugar se ubica Redes Sociales Progresistas Tlaxcala (RSPT), con una retención superior a los 2 millones de pesos, seguido por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que enfrentará descuentos por más de 1.8 millones, reflejo de pendientes que no fueron solventados en tiempo y forma.
También el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) figura entre los más afectados, con una sanción que ronda los 1.4 millones de pesos, mientras que otras fuerzas políticas como Fuerza por Tlaxcala, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Morena deberán asumir retenciones menores, aunque igualmente relevantes para sus finanzas ordinarias.
Desde el ámbito político, la decisión del ITE se interpreta como un mensaje claro previo a definiciones electorales importantes: la fiscalización no será flexible y los adeudos acumulados terminarán por cobrarse, incluso si ello reduce la capacidad operativa de los partidos.
Estas retenciones obligarán a las dirigencias partidistas a replantear estrategias, ajustar gastos y fortalecer sus controles internos, ya que el margen financiero para la operación política se verá limitado en los próximos meses.
De esta manera, el ITE busca reforzar la disciplina financiera y enviar una señal de legalidad y rendición de cuentas, dejando claro que las sanciones no prescriben y que el financiamiento público está sujeto al cumplimiento estricto de las reglas electorales.