• Tecopilco
  • Cristian Mastranzo Garrido
Al reiniciar actividades en este año, más de 10 trabajadores fueron despedidos de manera repentina, sin justificación legal ni explicación alguna.

Trabajadores del Ayuntamiento de Tecopilco denunciaron un presunto desorden financiero, adeudos salariales y posible uso indebido de recursos públicos, por lo que exigieron de manera urgente al Órgano de Fiscalización Superior (OFS) una auditoría profunda que revele qué se está haciendo con el dinero del municipio.

De acuerdo con los señalamientos, nadie sabe dónde quedó el recurso público, mientras los empleados fueron dejados sin aguinaldo y sin la segunda quincena de diciembre de 2025, afectando directamente a decenas de familias que cerraron el año sin ingresos.
La indignación creció aún más luego de que niñas y niños del municipio fueran dejados con la ilusión rota del Día de Reyes, al no realizarse las actividades prometidas por falta de recursos, situación que los propios trabajadores calificaron como una muestra del abandono y la irresponsabilidad de la administración municipal.

Como si no fuera suficiente, al reiniciar actividades en este año, más de 10 trabajadores fueron despedidos de manera repentina, sin justificación legal ni explicación alguna, lo que ha sido interpretado como una represalia interna y una violación directa a los derechos laborales.

Más aún, acusan que el dinero que debía destinarse a salarios y prestaciones habría sido utilizado para pagar compromisos personales, específicamente para cubrir una posada de la iglesia, donde Luis, hermano de un funcionario y presunto aspirante a la presidencia municipal, se habría ostentado como padrino.

“Queda bien políticamente, pero con el dinero del pueblo”, acusaron trabajadores, quienes sostienen que los aguinaldos de los empleados habrían sido utilizados para alimentar ambiciones personales, dejando a los trabajadores sin su derecho ganado.
Ante este escenario, los empleados municipales exigieron al OFS intervenir de inmediato, revisar el manejo de los recursos y frenar lo que consideran un saqueo al erario, además de garantizar el pago de los salarios
pendientes y la reinstalación de los trabajadores despedidos injustificadamente.

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