- Gobierno
El INE a través de su Comisión de Quejas y Denuncias y el Organismo Público Local Electoral de Tlaxcala deben imponer medidas cautelares inmediatas.
- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) debe investigar el uso indebido de recursos y coacción, que pueden derivar en delitos penales.
La evidencia acumulada —fotos de bardas pintadas masivamente, calcomanías, pasquines y decenas de miles de impresos distribuidos en comunidades tlaxcaltecas— no deja lugar a dudas: la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y el presidente municipal Alfonso Sánchez García han orquestado una campaña ilegal de promoción personalizada que pisotea el Artículo 134 de la Constitución mexicana. No es solo una irregularidad administrativa, es una afrenta sistemática a la democracia, financiada con dinero público y agravada por la coacción a servidores públicos para participar en ella.
El Artículo 134 prohíbe categóricamente la propaganda que incluya NOMBRES, IMÁGENES O SÍMBOLOS que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Las imágenes que circulan en los 60 municipios de Tlaxcala, muestran exactamente eso: exaltación directa de Sánchez García como "líder transformador", ligado al "liderazgo" de Cuéllar, con frases que apelan a identificación emocional y posicionamiento preelectoral.
No se informa de obras; se construye imagen de aspirante a la gubernatura 2027. Esta conducta “viola los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y la obligación de “imparcialidad” sin influir en la equidad electoral.
Obligar a colaboradores estatales y municipales a pintar bardas, repartir propaganda o “proselitizar” en horario laboral constituye coacción, agravante que genera responsabilidad administrativa y electoral adicional. Es un abuso de poder que intimida a empleados públicos estatales y municipales, desviando salarios y recursos del erario para fines partidistas.
Todo ello, configura el “uso indebido de recursos públicos”, tipificado como delito electoral en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, con penas que incluyen PRISIÓN, INHABILITACIÓN Y MULTAS ELEVADAS.
Las implicaciones electorales son graves. El Tribunal Electoral ha sido enfático: no es necesario pedir el voto explícitamente; basta el posicionamiento de la imagen del funcionario para que se configure promoción personalizada. Frases como "yo estoy con el " o exaltaciones similares son slogans personales con potencial electoral, que distorsionan la competencia y confunden al ciudadano al asociar beneficios estatales a personas individuales, no al Estado.
LAS SANCIONES A QUE SON OBJETO LORENA Y ALFONSO.
El Instituto Nacional Electoral (a través de su Comisión de Quejas y Denuncias) y el Organismo Público Local Electoral de Tlaxcala (OPLE Tlaxcala) deben imponer medidas cautelares inmediatas: orden de retiro total de la propaganda ilegal en bardas, calles y redes oficiales, en plazos de horas o días.
Deben imponer MULTAS ECONÓMICAS CUANTIOSAS —proporcionales al desvío de recursos y al impacto en la equidad— pueden alcanzar cientos de miles o millones de pesos, según precedentes del INE y TEPJF. Además, procedimientos sancionadores por violación a la imparcialidad y promoción personalizada.
En paralelo, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE) debe investigar el uso indebido de recursos y coacción, que pueden derivar en delitos penales: abuso de autoridad, cohecho o delitos contra la equidad en la contienda. Responsabilidad administrativa ante órganos de control interno y la Auditoría Superior de la Federación o local por daño patrimonial.
LAS PRUEBAS DE LOS DELITOS son clave, ya circulan en todas las redes sociales por miles, —fotos geolocalizadas de bardas y calcomanías, folletos recolectados, testimonios de servidores coaccionados, mensajes o audios de instrucciones, fechas y lugares— son irrefutables y suficientes para proceder. IGNORARLAS SERÍA COMPLICIDAD INSTITUCIONAL.
Lorena Cuéllar y Alfonso Sánchez García no son intocables. Su maquinaria clientelar, montada sobre el erario tlaxcalteca en medio de rezagos en salud, educación y empleo, es un claro ejemplo de cómo el poder se pervierte para perpetuarse.
Deben enfrentar inhabilitación temporal o definitiva para cargos públicos, multas ejemplares y, si se prueban elementos penales, procesos judiciales que terminen en condenas. La impunidad solo alimenta la corrupción.
Consulta aquí el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: