- Tlaxcala
El sector patronal aseguró que la extorsión afecta las decisiones de inversión de las empresas y limita su crecimiento.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) señaló en un comunicado que este delito se ha convertido en uno de los costos más persistentes y dañinos para la actividad empresarial en México.
Para la Coparmex este no es un fenómeno aislado ni transitorio, sino que es una presión constante que se está consolidando como un delito estructural.
"No se trata de un fenómeno aislado ni transitorio, sino de una presión constante que afecta decisiones de inversión, encarece la operación cotidiana y limita la capacidad de crecimiento de las empresas, particularmente en determinadas regiones.
"Al cierre de 2025, los datos abiertos de Incidencia Delictiva del SESNSP revelan una paradoja alarmante: pese a que se observa evidencia de reducción en algunos delitos, la extorsión se consolida como un delito estructural que continúa expandiéndose y afectando directamente la operación de las empresas, sin mostrar señales de contención efectiva", dijo Coparmex.
Según el organismo, durante el año pasado en 20 de las 32 entidades del país aumentó la variación anual de la extorsión, en casi dos tercios del territorio nacional este delito creció respecto al 2024, sobre todo en Tlaxcala en 1,300 por ciento, Chiapas 364.3 por ciento, Ciudad de México en 264.4 por ciento, Nayarit en 171.4 por ciento, Yucatán en 100 por ciento y Puebla en 84.4 por ciento, lo que clara muestra como se ha disparo esa actividad ilícita.
Agregó que el balance de la última década confirma que el problema no es coyuntural.
En comparación con 2015, el número anual de víctimas pasó de 6 mil 223 a 11 mil 81, lo que implica un aumento de casi 78.1 por ciento, en 10 años.
Agregó que, a nivel estatal, la extorsión muestra una concentración crítica que evidencia fallas estructurales en la contención del delito.
Cinco entidades (Estado de México, Ciudad de México, Guanajuato, Nuevo León y Veracruz) concentran 65.2 por ciento de las víctimas.
El 68.8 por ciento de los eventos se realizó vía telefónica y en 31.2 por ciento de las denuncias el cobro se vinculó con alguna autoridad o personas con apariencia de autoridad, lo que agrava el daño económico y mina la confianza en las instituciones encargadas de garantizar el Estado de Derecho.
"Desde Coparmex sostenemos que estos datos obligan a colocar la extorsión como prioridad nacional de política pública. Si bien es relevante la aprobación de la Ley General para combatir este fenómeno, resulta indispensable que, con toda prioridad, los gobiernos locales constituyan las unidades especializadas en las Fiscalías Estatales para atender este grave delito", consideró.