- Política
Desde el Palacio de Gobierno de Tlaxcala se ha impuesto una red de terrorismo laboral en contra de los trabajadores del estado. Lorena Cuéllar a través de los titulares de su gabinete legal y ampliado, ha gestado una de las estrategias de coerción más burdas y alarmantes de las que se tenga memoria en la historia política reciente de Tlaxcala.
Lo que nunca ha sido una administración pública enfocada en el servicio ciudadano se evidencia como un búnker de campaña donde la libertad laboral ha muerto, reemplazada por el chantaje, la amenaza y la extorsión.
Testimonios de burócratas en poder de este medio, sumidos en la desesperación y el anonimato por temor a represalias, pintan un panorama de frustración: el gobierno estatal, encabezado por Lorena Cuéllar, ha activado una "cacería de brujas" interna para apuntalar la candidatura de Alfonso Sánchez García. El objetivo es claro: fabricar una popularidad que las encuestas y la ciudadanía le niegan sistemáticamente.
La estrategia no conoce límites éticos. A los trabajadores de confianza se les ha convertido en promotores forzados. El mecanismo es casi carcelario: se les entregan 25 calcomanías con folios únicos que deben ser pegadas en vehículos particulares de familiares y amigos. La orden es tajante: enviar pruebas fotográficas donde el folio sea visible.
"Nos obligan a convencer a nuestra propia familia y a llevar listas que se suben a una plataforma. Si Morena pregunta en la encuesta, el nombre debe ser Alfonso. No es una petición, es una orden para no perder el pan de nuestros hijos", relata José Luis sumido en la indignación.
La presión no termina en el asfalto. Los secretarios de despacho, convertidos en capataces electorales, instruyen a sus subordinados a abandonar sus oficinas para realizar jornadas de posicionamiento.
Se les entregan diseños específicos para pintar las bardas de sus propias casas, convirtiendo el patrimonio privado de los trabajadores en propaganda de un proyecto político que muchos aborrecen.
El mensaje que baja desde las altas esferas es un ultimátum: "Si quieren tener trabajo, obedezcan. Ya se la saben". Se les garantiza la permanencia en la próxima administración si cumplen, pero se les sentencia al despido inmediato si no “colaboran”.
Las denuncias de burócratas estatales expresan su indignación y desesperación por las acciones de presión que están viviendo todos los días en sus lugares de trabajo, “trabajamos bajo amenaza para apoyar a Alfonso Sánchez García”
"Todo es obligado, hasta nos obligan a entregar folletos de Alfonso y que le digamos a la gente su trayectoria que viene en dos hojas”, “nos dan permiso de dejar la oficina para ir a hacer lo que ellos quieren, si no lo hacemos dicen que nos van a correr y que a la gobernadora no le importa que nos queremos sin trabajo, de todas formas, si no gana Alfonso, nos va a despedir otra que llegue", "si quieren tener trabajo, es mejor que hagan lo que les decimos”.
Mientras el secretario de organización de Morena, Agustín Moreno, a nombre del gobierno estatal del que no es empleado, recorre municipios supervisando que los alcaldes morenistas se alineen a este "posicionamiento artificial", la realidad afuera es otra. El rechazo popular hacia Sánchez García es evidente en medios y redes sociales, obligando al régimen a recurrir a bots y cifras infladas.
Estamos ante la agonía de un proyecto político que, ante la falta de conexión orgánica con el pueblo, ha decidido canibalizar a su propia estructura. La utilización del servicio público como instrumento de campaña personal no solo viola la ley electoral, sino que despoja al trabajador de su dignidad humana. Tlaxcala no vive una precampaña, vive un secuestro institucional bajo la sombra del miedo.