- Salud
El Estado de Tlaxcala se ha convertido en uno de los epicentros ambientales más peligrosos de México, un territorio donde el río Atoyac, contaminado hasta niveles alarmantes, se ha transformado en verdugo silencioso de la salud de miles de personas. Aquí, la negligencia del gobierno estatal, las autoridades municipales y la complicidad con industrias tóxicas han condenado a comunidades enteras a vivir expuestas a enfermedades terminales, entre ellas múltiples tipos de cáncer.
La Cuenca del Alto Atoyac, que atraviesa Tlaxcala y Puebla, figura entre las zonas más contaminadas del país, según la Red Nacional de Comunidades Envenenadas en Resistencia (Renacer), que la identifica como una Región de Emergencia Sanitaria y Ambiental. A pesar de estos datos alarmantes, las autoridades estatales han optado por la indiferencia, ignorando décadas de advertencias científicas y recomendaciones oficiales.
En todas las comunidades por las que atraviesa el Atoyac, incluyendo la capital del estado que gobierno Alfonso Sánchez García, los efectos son palpables y desgarradores: en los últimos cinco años se han registrado muertes por cáncer y actualmente hay varios niños luchando contra esta enfermedad que, según estudios oficiales, se vincula directamente con la exposición a las aguas contaminadas del Atoyac, que recibe descargas industriales y residuales sin tratamiento adecuado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ya en 2017 una recomendación dirigida a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla, advirtiendo que los altos niveles de contaminantes en el Atoyac elevan el riesgo de cáncer y otras enfermedades graves en la población ribereña. Sin embargo, la respuesta oficial ha sido tibia o inexistente, con autoridades que minimizan los datos o evaden responsabilidad, dejando que los habitantes paguen con su salud y vidas.
Los impactos no son abstractos: vivir cerca del río contaminado puede multiplicar hasta por cinco la probabilidad de desarrollar cáncer y otras patologías crónicas, advierten expertas en salud ambiental.
La tragedia ambiental de Tlaxcala es, también, una tragedia política: evidencia la ineficacia, la negligencia y la falta de voluntad del gobierno estatal para proteger a su población frente a la voracidad industrial. Mientras los contaminadores prosperan sin sanción, las comunidades sufren, enferman y mueren. Este es un clamor de justicia ambiental que exige acciones reales, no simulaciones burocráticas.