• Gobierno
  • Martin Ruiz
El discurso oficial niega “lo innegable”, pero los tlaxcaltecas en las redes ya no les creen.

Mientras el vocero del Gobierno del Estado intenta apagar el incendio con un vaso de agua, negando lo que para muchos tlaxcaltecas es evidente: el t3rrorismo laboral a burócratas para apoyar a Alfonso Sánchez García, las redes sociales se han convertido en el espacio donde la ciudadanía dice lo que el poder no quiere escuchar: que hay presión, intimidación, imposición, uso político del aparato gubernamental y persecución.

Porque una cosa es la versión pulida, ensayada y “correcta” que se ofrecen desde el micrófono oficial, y otra muy distinta es la realidad que miles describen sin filtros en Facebook, en comentarios que se multiplican y que reflejan enojo, hartazgo y una desconfianza total hacia quienes gobiernan.

Y es que cuando el vocero sale a “desmentir”, no aclara: provoca más sospecha. Porque negar todo, sin matices, sin investigación visible, sin sanciones, sin transparencia y sin voluntad de escuchar, no es comunicar: es encubrir. Es un cómplice descarado.

“Tienen otras opiniones”, y las están gritando en las redes.

En los miles de comentarios que circulan en redes, el mensaje se repite con diferentes formas, pero con la misma idea central: la gente no siente un gobierno democrático, sino un gobierno que presiona y opera políticamente con recursos, cargos y amenazas.

Algunos testimonios, entre muchos otros, describen prácticas que deberían prender todas las alarmas institucionales:

“En mi casa han dejado propaganda sin mi consentimiento”. Esto, aunque algunos lo minimicen, habla de una invasión directa a la privacidad, de brigadas que actúan como si el territorio ciudadano fuera propiedad de una campaña permanente. Y si alguien no autorizó propaganda en su domicilio, ¿quién dio la orden de hacerlo de todos modos?

“Soy policía y ya me amenazaron que si no apoyo a Alfonso me van a despedir”. Si esto es cierto —y el gobierno tendría la obligación de investigarlo en lugar de negarlo automáticamente— estamos ante un hecho gravísimo: coacción laboral y política dentro de una corporación de seguridad pública, donde el deber es proteger a la ciudadanía, no servir como maquinaria electoral.

Pero el comentario más explosivo, por la crudeza y el contexto, apunta directamente al uso del poder para operar con trabajadores del sector salud:

“Porque nadie habla de la reunión que hace días tuvo la gobernadora con el personal de salud “casa x casa”, donde les quito los teléfonos y con mucho descaro pregono que el próximo gobernador debe ser Alfonso con amenaza de que si no ganaba él se iban a quedar sin trabajo”.

¿Les quitaron los teléfonos? ¿Hubo amenaza laboral? ¿Se condicionó el empleo a un resultado político? Eso no es “grilla”, eso no es “polémica”: eso sería un abuso de poder en toda regla, un retroceso autoritario que ningún gobierno que se diga democrático debería tolerar.

La indignación ya es social y está a punto de estallar.

Lo más revelador es que el enojo no se expresa con lenguaje diplomático. En redes no hay asesores, no hay filtros, no hay maquillaje. Y por eso el gobierno se incomoda: porque ahí se ve la opinión real, la que no cabe en un boletín.

Ahí se acusa lo que muchos sienten como una continuidad de viejas prácticas que se suponía habían quedado atrás: “Prácticas prianerredistas las que Lorena Cuéllar sigue ejerciendo desde la llegada al gobierno…”

Y también se repite la idea de que se usa el poder para imponer sucesiones, no para gobernar: “Se ve y se nota la imposición de este sujeto para gobernador…”

Cuando un gobierno necesita imponer, es porque no puede convencer. Cuando necesita presionar, es porque no tiene respaldo genuino. Y cuando necesita negar todo, es porque sabe que la verdad ya se le salió de control.

El miedo como método: “si no apoyas, te corren”. Entre los comentarios aparece una constante preocupante, la amenaza como herramienta política: “ya basta de estar obligando a las personas… hasta de cierta forma los amenazan…”

“Mentira que nos corran a todos los trabajadores…” dice otro. Porque cuando el ciudadano empieza a hablar de miedo, de despidos, de represalias, de castigos, la discusión deja de ser electoral: se vuelve una denuncia de control político.

Y entonces las preguntas es inevitable: ¿Por qué el vocero se enfoca en negar y no en investigar? ¿Dónde está la Secretaría Anticorrupción? ¿Dónde está la Comisión de Derechos Humanos? ¿Dónde están las auditorías internas? ¿Dónde están las sanciones?

Si todo es mentira, como dicen, ¿por qué no se abre una investigación formal para demostrarlo? Negarlo desde un atril es fácil. Probarlo con hechos es lo que cuesta.

El problema no es el comentario: es la declaración cínica de la gobernadora “no tengo preferidos para el próximo gobernador”.

El gobierno podrá decir que “son bots”, que “es guerra sucia”, que “es exageración”, que “son adversarios”, que “son rumores”. Pero aquí lo verdaderamente peligroso no es lo que la gente comenta. Lo peligroso es que Lorena Cuéllar y su gobierno ya no inspira confianza, más bien rechazo y repugnancia.

Porque cuando un estado llega al punto en que miles sienten que el poder opera con intimidación y cinismo, la democracia se degrada. Y lo que queda es un ambiente enrarecido donde la gente cree, con toda razón, que el gobierno ya no gobierna: administra su permanencia y busca proteger su escape impune.

Tlaxcala no está confundida: está harta, ese es un hecho innegable. En redes se habla de corrupción, de pactos de impunidad, del “títere de la gobernadora” Alfonso Sánchez García y de un gobierno que busca blindarse a toda costa, sin importar cuánto cueste.

“Alfonso es el que le va a tapar todas sus tranzas…”, “No hay que quedarnos callados…”, “No al fraude…”

Los comentarios en las redes son duros, exagerados o incluso ofensivos, sería un error monumental que el gobierno los use como excusa para descalificar todo. Porque detrás del lenguaje incendiario hay un sentimiento real: la gente se siente burlada, presionada y utilizada. Negar lo evidente no limpia nada: solo hunde más al gobierno

Hoy la gobernadora y su vocero intentan vender una realidad paralela: una donde no pasa nada, nadie obliga a nadie, nadie amenaza a nadie y todo es normal.

Pero Tlaxcala no vive en ese mundo llamado “lorelandia”. Tlaxcala vive en colonias sin servicios, en comunidades con abandono, en calles rotas, en miedo por la inseguridad, en trabajadores que temen perder su empleo, en instituciones que se ven usadas como estructura política. Pero eso sí, un ch1ngo de obras carísimas que solo sirven para los tradicionales moches de Lorena.

Por eso la indignación crece. Por eso el discurso oficial ya no convence. Por eso “negar lo innegable” no calma: enciende.

Y mientras el gobierno se empeña en negar, los tlaxcaltecas, en miles de comentarios, dejan claro que tienen otras opiniones. Y no solo eso: ya no tienen miedo de decirlas.

NOTA: Nos reservamos publicar los nombres de las personas que comentaron sobre el tema en redes sociales, para evitar posibles represalias.

Tags: