- Congreso
El gasto público en el Senado de la República quedó evidenciado luego de que salieran a la luz presuntas irregularidades en la contratación de insumos relacionados con un salón de belleza instalado al interior del recinto legislativo, un espacio que ya había generado indignación ciudadana por su existencia.
Más allá de la polémica por el uso de recursos para fines considerados frívolos, ahora la atención se centra en el destino del dinero. Documentos fiscales difundidos por usuarios en redes sociales apuntan a que el Senado habría realizado pagos por alrededor de 200 mil pesos a un proveedor de productos cosméticos cuya operación despierta serias dudas.
El proveedor señalado, una supuesta comercializadora registrada a nombre de Gustavo Nava Muñoz, aparece domiciliada en una dirección del municipio de Tlaxcala que, al ser verificada por ciudadanos, no corresponde a ningún establecimiento comercial activo.
Las imágenes difundidas muestran un predio sin actividad económica visible, con signos de abandono, muy lejos de lo que se esperaría de una empresa capaz de surtir maquillaje profesional al Poder Legislativo.
El hallazgo exhibe la corrupción de los mecanismos de verificación del Senado al momento de contratar proveedores, así como sobre la posible existencia de empresas utilizadas únicamente para facturar servicios o productos sin infraestructura real.
Mientras no exista una explicación clara sobre la selección del proveedor y la comprobación física de su operación, el caso alimenta la percepción de opacidad en el manejo de recursos públicos y fortalece las críticas hacia una institución que, en medio de exigencias de austeridad, parece alejarse de las prioridades ciudadanas.
Hasta ahora, no se ha informado si el Senado iniciará una revisión interna o dará parte a instancias fiscalizadoras, mientras el tema continúa escalando en la conversación pública digital.