- Gobierno
La salida de Carlos Augusto Pérez Hernández del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de la Familia (FOMTLAX) no huele a trámite administrativo, sino a ajuste de cuentas.
Versiones internas apuntan a que fue la propia gobernadora Lorena Cuéllar quien ordenó su destitución tras negarse a respaldar aspiraciones políticas afines al grupo en el poder.
Si esto se confirma, el mensaje es contundente: en Tlaxcala, disentir cuesta el cargo. La presunta instrucción girada al Secretario de Gobierno y a otros operadores políticos evidenciaría que la lealtad personal pesa más que la capacidad o los resultados. Se castiga la autonomía y se premia la obediencia.
El episodio también desnuda una fractura interna en Morena. La eventual migración de cientos de operadores hacia otros liderazgos revela que el conflicto no es menor y que la unidad partidista pende de intereses particulares.
Más allá de nombres, preocupa la práctica: usar instituciones públicas como fichas de negociación política. Tlaxcala merece un gobierno que fortalezca la democracia interna y respete la pluralidad, no uno que repita las viejas fórmulas de imposición que tanto se prometió erradicar