- Apizaco
La empresa Autotransportes Tlaxcala, Apizaco, Huamantla (ATAH) perdió el amparo con el que pretendía mantener el control de la ruta Tlaxcala–Apizaco, uno de los corredores de transporte más rentables y estratégicos del estado. El fallo judicial no solo abre paso a un nuevo esquema de concesiones, sino que también coloca bajo escrutinio presuntas irregularidades que, de acuerdo con documentos oficiales, se habrían tolerado durante más de tres décadas.
ATAH promovió el amparo 1371/2024 con el objetivo de frenar la regulación impulsada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Sin embargo, el pasado 4 de febrero de 2026, el Juzgado Segundo de Distrito resolvió sobreseer el juicio al considerar que la empresa no acreditó una afectación jurídica directa, por lo que el recurso fue declarado improcedente. Con esta determinación, la compañía queda sin base legal para mantener el control exclusivo del corredor.
El estudio de factibilidad elaborado por el Gobierno del Estado documenta que durante más de 30 años el servicio se habría prestado con unidades sin placas, sin tarjetas de circulación, sin controles efectivos de concesión, con uso irregular de gas LP como combustible y con operadores que no contaban con licencia adecuada ni tarjetón oficial. Las observaciones señalan que estas condiciones se mantuvieron a la vista de las autoridades en distintos periodos de gobierno, lo que abre cuestionamientos sobre posibles omisiones institucionales.
Tras la resolución judicial, el nuevo esquema propuesto por el Ejecutivo contempla la asignación de 60 concesiones distribuidas entre tres empresas, con el propósito de terminar con el monopolio y fortalecer la supervisión y regulación del servicio.
La medida busca diversificar la oferta de transporte y establecer mayores controles administrativos y de seguridad en una de las rutas con mayor demanda en la entidad.
No obstante, más allá del fallo legal, persisten cuestionamientos sobre por qué no se actuó antes ante las anomalías documentadas y si existió algún tipo de protección política al esquema que operó durante décadas. Hasta el momento no se han anunciado investigaciones formales ni sanciones públicas contra exfuncionarios que, por acción u omisión, habrían permitido la operación irregular.