- Política
Tienen una red de servidores públicos de primer nivel del estado operando una campaña electoral ilegal.
- Urge una investigación inmediata, exhaustiva y sin contemplaciones de las autoridades electorales.
El Clan Cuéllar-Sánchez García ha cruzado el umbral de lo tolerable y ha entrado de lleno en el terreno de la inmoralidad. Lo que se vive en Tlaxcala no es una simple precampaña adelantada: es una operación descarada, sistemática y financiada con dinero público para imponer a Alfonso Sánchez García como candidato de Morena a la gubernatura en 2027, sin importarles la ley, la equidad ni la dignidad de los tlaxcaltecas.
Las bardas pintadas con mensajes como “YAUQUEMEHCAN VA CON EL Y ÉL ES ALFONSO SÁNCHEZ” ya aparecen en todos los municipios del estado, los corazones, los símbolos y la propaganda impresa que inunda calles y colonias no son espontáneas. Son el resultado de una maquinaria orquestada desde el Palacio de Gobierno, con instrucciones detalladas enviadas a través de la red interna de mensajería.
Funcionarios de primer nivel, el gabinete legal y ampliado, personal de confianza y hasta la dirigencia estatal de Morena reciben órdenes precisas de una empresa contratada por el gobierno que diseña y opera impunemente violando todas las leyes electorales: uniformar el mensaje, movilizar recursos, promover al alcalde capitalino y evadir cualquier control electoral. Todo coordinado desde el poder mismo.
Lo más obsceno es el uso descarado de millones de pesos del erario público. Dinero que debería destinarse a salud, educación, seguridad o combate a la pobreza se desvía sin pudor hacia bardas, impresiones, brigadas pagadas y actos de posicionamiento. Servidores públicos son presionados para participar o enfrentar represalias, convirtiendo la administración estatal en un comité de campaña permanente. Esta apropiación indebida de recursos no es un error: es una decisión deliberada del clan para blindar su perpetuación en el poder.
La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no deja lugar a dudas. La propaganda personalizada se configura con tres elementos claros: identificación plena del promovido (nombre, imagen y símbolos de Alfonso Sánchez), propósito promocional evidente y temporalidad sensible (a dos años de la elección, ya se habla abiertamente de la sucesión 2027). Cada barda, cada volante, cada instrucción interna viola la normativa electoral de manera flagrante.
Y sin embargo, las autoridades callan. El INE, el TEPJF y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales observan este bochornoso espectáculo con una tolerancia que raya en la complicidad. Su silencio no es neutralidad: es permiso tácito para que el Clan continúe devorando instituciones y humillando a la ciudadanía.
Esta inmoral operación no solo pisotea la democracia interna de Morena, sino que traiciona los principios de transformación que el partido dice defender. Urge una investigación inmediata, exhaustiva y sin contemplaciones. Las sanciones deben ser ejemplares y la impunidad, por fin, debe terminar.
El Clan Cuéllar-Sánchez García ya no disimula: le importa muy poco la ley cuando se trata de asegurar que nadie más, fuera de su círculo de complicidad y poder, llegue a la gubernatura. Tlaxcala merece mucho más que un feudo familiar disfrazado de sucesión.