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El escándalo de los contratos millonarios en la Refinería Dos Bocas revela una vez más el cinismo de la llamada "cuarta transformación", donde el discurso anticorrupción choca frontalmente con la realidad de favoritismos y redes familiares que drenan recursos públicos.
Durante su gestión como secretaria de Energía (2018-2024), Rocío Nahle adjudicó —o al menos supervisó de cerca— contratos por miles de millones de pesos en el proyecto insignia de Andrés Manuel López Obrador. El caso más emblemático involucra al consorcio Grupo Huerta Madre, en alianza con la holandesa Van Oord, que obtuvo un contrato por 4,968 millones de pesos (con pagos finales que superaron los 6,000 millones según reportes) para el acondicionamiento de terrenos en Dos Bocas. Esta empresa, creada apenas días antes de la licitación restringida en 2019, carecía de experiencia relevante en obras de esa envergadura, pero resultó ganadora con la oferta más baja.
El propietario o figura clave detrás de Grupo Huerta Madre es Arturo Quintanilla Hayek, reconocido públicamente como compadre de Nahle desde 2018. Esta relación no es secreta: la propia funcionaria la admitió en entrevistas locales. Además, Quintanilla Hayek es familiar cercano (primo o pariente directo) de la actriz Salma Hayek, lo que añade un matiz de glamour al escándalo, pero no disimula el olor a tráfico de influencias.
La familia Quintanilla no se conformó con ese "negociazo". Empresas ligadas a ellos, como Talleres Portátiles y Comercializadora del Istmo (propiedad del hijo de Arturo), acumularon contratos con Pemex por al menos 593 millones de pesos adicionales durante el sexenio. Otras firmas relacionadas recibieron cientos de millones más, en un entramado que huele a "compadrocracia": un sistema donde el parentesco y la cercanía política priman sobre la transparencia y la competencia.
Nahle siempre negó irregularidades, calificando las acusaciones de "mentiras" y asegurando que su compadre no figuraba directamente en el consorcio. Sin embargo, los hechos hablan solos: la creación exprés de empresas, las invitaciones restringidas, los sobrecostos en Dos Bocas (que duplicaron el presupuesto original) y las denuncias penales acumuladas —incluidas 35 presentadas por la oposición en 2024 por pagos duplicados y discrepancias millonarias— pintan un panorama de opacidad deliberada.
Este no es un caso aislado. Es el síntoma de un gobierno que prometió erradicar la corrupción pero la recicló en nuevas formas: redes de compadres, familiares y aliados que se benefician de megaproyectos financiados con dinero de todos los mexicanos. Mientras Dos Bocas sigue siendo un pozo sin fondo de recursos públicos, personajes como Nahle escalan a gobernadora de Veracruz, blindados por la impunidad.