- Educación
Alonso Trujillo, “El Chómpiras” director general del COBAT, ha llevado al límite el uso político de una institución educativa. Bajo su dirección, personal docente y administrativo ha sido obligado, durante horas de trabajo, a realizar actividades de proselitismo disfrazadas de “brigadeo educativo”.
Los trabajadores deben repetir tres veces el nombre del “delfín”, Alfonso Sánchez García, presidente municipal de Tlaxcala, saludar a la gente y mencionar la 4T, acciones que nada tienen que ver con la educación y que claramente constituyen un uso indebido de recursos públicos.
Lo lamentable y patético es que Trujillo no es originario de Tlaxcala, vota en Puebla y aun así presume públicamente cercanía con la gobernadora Lorena Cuéllar y con el “delfín” de Morena. Esta actitud ha generado intimidación entre el personal, que se ve obligado a participar en actividades políticas bajo presión, mientras Trujillo hace gala de su apoyo político y busca posicionarse electoralmente cuando oficialmente ni siquiera inicia el proceso.
Docentes y ciudadanos denunciaron que este comportamiento rompe la imparcialidad que exige la ley para los servidores públicos y que pone en riesgo la credibilidad de una institución que debería enfocarse en la formación de los jóvenes tlaxcaltecas. Más que educación, el COBAT bajo Trujillo se ha convertido en un instrumento político al servicio de sus intereses personales.
Sin importarle transgredir la ley y hacer público su apoyo al alcalde capitalino que pretende alcanzar la candidatura de Morena al gobierno del estado, Alonso Trujillo continúa al acecho de los trabajadores convirtiendo el COBAT en un bunker de operación política, amedrentando y abusando del poder que tiene al interior del subsistema educativo, sin que ninguna autoridad electoral sancione este tipo de prácticas y por el contrario le permita al funcionario libertades y acciones que violentan la ley electoral.
Los trabajadores exigen que se detenga de inmediato esta práctica y que se respete la legalidad institucional, recordando que los recursos públicos no son propiedad de ningún funcionario para impulsar campañas anticipadas.