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Mientras el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, se ve obligado —tras el humillante rechazo en la revocación de mandato— a despedir a dos docenas de funcionarios, entre ellos hijos, sobrinos y un hermano, en un intento desesperado por limpiar su imagen manchada por el nepotismo, en Tlaxcala reina la más absoluta impunidad familiar. La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros parece sufrir una ceguera selectiva tan cínica que roza lo patético: no ve, no escucha y, sobre todo, no le importa.
Jara, acorralado por más de 357 mil votos en contra y críticas incluso desde la cúpula nacional de Morena, eliminó cualquier rastro evidente de conflicto de interés: sacó a su hijo Shabin de la secretaría de Organización del partido, obligó a renunciar a su sobrino Emmanuel Navarro de la presidencia estatal de Morena y purgó a parientes directos de la administración pública. Un gesto tardío, forzado por la presión ciudadana y el escándalo, pero gesto al fin.
En contraste, Lorena Cuéllar mantiene un gobierno que parece diseñado como herencia familiar. Hijas, sobrinas, primos, entenados, cuñados, hijos del esposo actual, hijos del exesposo y una red interminable de parientes ocupan cargos estratégicos y bien remunerados. Es, sin exageración, uno de los ejemplos más descarados y escandalosos de nepotismo en la historia reciente de los gobiernos estatales mexicanos.
Lo que en el viejo PRI se disfrazaba de “continuidad familiar”, en Morena se presenta como “confianza absoluta”, pero el resultado es idéntico: el erario se convierte en caja chica del clan.
Lorena no ve ni escucha. Ignora olímpicamente el ejemplo —aunque sea por supervivencia— que Salomón Jara se ve forzado a dar: que el poder público no es patrimonio familiar. Mientras en Oaxaca se intenta, aunque sea a regañadientes, corregir el rumbo ante el hartazgo social, en Tlaxcala se perpetúa la peor de las prácticas: el Estado como feudo dinástico.
Esta doble moral de Morena en las entidades es obscena: predican austeridad republicana desde Palacio Nacional, pero permiten monarquías locales donde el apellido pesa más que la competencia o la honestidad.
Jara, con todos sus defectos y presiones, al menos finge escuchar al pueblo. Cuéllar, en cambio, parece convencida de que su linaje la coloca por encima de cualquier rendición de cuentas. El pueblo tlaxcalteca no merece una gobernadora que administra el presupuesto como si fuera la herencia de su casa. Merece instituciones, no una corte familiar.
El silencio ensordecedor de Lorena Cuéllar no es ignorancia: es complicidad absoluta y descaro sin límites.