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Lejos de disipar dudas, la postura del vocero del Gobierno de Tlaxcala, Antonio Martínez, terminó por abrir más interrogantes en torno a la detención de personas en la entidad vinculadas con el asesinato de una pareja en Puebla.
Mientras autoridades poblanas han hablado públicamente de posibles líneas relacionadas con delincuencia organizada, en Tlaxcala el discurso oficial insiste en que esa hipótesis no existe. La falta de coincidencia entre versiones exhibe una preocupante desarticulación institucional que deja a la opinión pública en medio de declaraciones encontradas.
En su intento por contener el impacto mediático, el vocero pidió evitar “especulaciones”, pero evitó profundizar en detalles concretos sobre el avance real de las investigaciones. Se limitó a señalar que será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala la que informe en su momento, sin ofrecer datos puntuales que den certidumbre.
A ello se sumó el rechazo a publicaciones que apuntan a presuntos vínculos entre uno de los detenidos y familiares de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros. Sin embargo, más que presentar elementos verificables, la respuesta oficial se centró en descalificar las versiones como “ficción”, lo que para algunos sectores refleja una estrategia defensiva más política que jurídica.
En lugar de transparentar el estado procesal de los implicados, el mensaje gubernamental pareció orientado a contener el daño mediático y proteger la imagen institucional. La narrativa de “esperar los tiempos” y “no interferir en el debido proceso” fue reiterada sin acompañarse de información concreta que fortalezca la confianza ciudadana.
Incluso al ser cuestionado sobre encuestas que reflejan altos niveles de desaprobación hacia la mandataria, el vocero optó por ignorar los datos y mencionar otros estudios más favorables, evitando asumir el desgaste que enfrenta la administración estatal.