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La síndica municipal, Chantal Cortés Díaz, denunció haber sido despojada ilegalmente de sus funciones tras el cambio de chapas de su oficina y la toma de protesta de su suplente sin que mediara licencia o renuncia de su parte.
La funcionaria declaró que jamás solicitó separarse del cargo y que la decisión fue ejecutada de manera unilateral, lo que constituye —según su defensa— un acto arbitrario promovido por el presidente municipal, David Cortes Cuchillo. El hecho de impedirle el acceso a su oficina no solo vulnera sus derechos políticos, sino que también obstaculiza el cumplimiento de sus responsabilidades legales.
De acuerdo con su versión, la confrontación con el alcalde se intensificó luego de que ella señalara presuntas irregularidades financieras dentro de la administración. Tras ello, comenzaron episodios de hostigamiento laboral que habrían derivado en su exclusión forzada del Cabildo y en la imposición de su suplente mediante una sesión que su equipo jurídico considera ilegal.
La síndica advirtió que desconoce qué destino tendrá la información confidencial de su oficina al estar bajo control del propio Ayuntamiento que ella debía vigilar.
La representación legal calificó los hechos como un claro exceso de poder y un acto que encuadra en violencia política en razón de género, al tratarse de una acción que busca invisibilizar y neutralizar a una mujer en el ejercicio de sus funciones públicas. La intervención de la Mesa Especializada de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Tlaxcala refuerza la gravedad del caso, al dar fe de la existencia del acta de cabildo donde se formalizó la toma de protesta de la suplente.
Este hecho no solo apunta a una disputa administrativa, sino a la necesidad de frenar prácticas que buscan silenciar y desplazar a mujeres que incomodan al poder por señalar actos y abusos de poder.