- Ciudad
La realización del próximo Torneo Escolar Estatal de Ajedrez nivel Primaria en el zócalo de la capital ha desatado una ola de críticas contra el alcalde de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, a quien padres de familia y docentes acusan de privilegiar su proyección política por encima de la seguridad de los menores.
El certamen reúne a estudiantes que avanzaron tras competir en torneos por zona en distintas escuelas públicas y privadas del estado. Se trata de un evento formal del que saldrán los representantes de Tlaxcala al torneo nacional. Sin embargo, a diferencia del año pasado —cuando se realizó en un recinto institucional cerrado— ahora se pretende llevarlo a la plaza pública.
De acuerdo con información proporcionada por coordinadores escolares, operadores vinculados al Ayuntamiento han citado a responsables de planteles para indicarles que, además del torneo estatal, se organizará una actividad paralela y que deberán llevar no solo a los competidores, sino al menos cinco alumnos adicionales por escuela, con el argumento de que la plaza “debe verse llena”.
La convocatoria establece que los menores deberán permanecer en el lugar de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, expuestos al frío matutino, viento y posteriormente a altas temperaturas. No se contempla infraestructura adecuada: el zócalo carece de sanitarios propios para un evento masivo infantil, por lo que los estudiantes tendrían que cruzar la calle para utilizarlos. Solo acudirá un responsable por escuela, lo que complica la supervisión en un espacio abierto donde transitan personas ajenas al torneo.
Padres de familia denunciaron que fueron obligados a firmar una carta responsiva ambigua, en la que no se especifica claramente el lugar del evento, solo el municipio, y donde se establece que, en caso de accidente, los organizadores no se harán responsables, aun tratándose de una actividad escolar en horario escolar.
Además, se está solicitando a cada escuela una cuota de entre 30 y 50 pesos por alumno para participar, pese a tratarse de un evento oficial. Es decir, las familias deben pagar para que sus hijos asistan a una actividad pública sin garantías claras de seguridad.
La molestia incrementó luego de que los paterfamilias consideraran que la intención de Alfonso Sánchez García, fue cambiar de sede pero no responde a criterios pedagógicos ni logísticos, sino a la intención de generar una imagen de concentración masiva en el centro de la ciudad para promover su imagen y sus aspiraciones a candidato al gobierno del Estado, anteponiendo la seguridad de los infantes por encima de sus protagonismos baratos.