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Lorena Cuéllar tiene que “poner sus barbas a remojar”
La iniciativa anticorrupción anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum —presentada como un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— promete un cambio radical: que el Estado identifique y atienda casos de corrupción a partir de denuncias ciudadanas, activando medidas cautelares como la separación inmediata del cargo para los funcionarios señalados, siempre que se aporten pruebas mínimas.
En palabras de la mandataria, se busca empoderar a la ciudadanía, que “vive directamente la corrupción”, para que sus denuncias no queden en el limbo y generen acciones concretas sin impunidad.
Suena impecable en el discurso: más participación popular, auditorías más ágiles y un golpe directo a la impunidad. Sin embargo, en un país donde las denuncias por corrupción proliferan —muchas contra aliados del poder—, esta herramienta corre el riesgo de convertirse en un arma de doble filo.
Si se aplica con rigor y sin sesgos, podría ser devastadora para quienes han operado con impunidad bajo el manto de lealtades políticas. Pero la historia de la 4T invita a la desconfianza: las investigaciones suelen avanzar velozmente contra opositores o disidentes internos, mientras que los casos que tocan al núcleo duro se diluyen en procesos eternos o absoluciones discretas.
Un caso paradigmático sería el de la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, figura emblemática del lopezobradorismo y cercana al sheinbaumismo. Ha enfrentado múltiples señalamientos ciudadanos y documentados: presuntos desvíos en programas sociales, exigencias de “moches”, nepotismo en nombramientos clave, adjudicaciones irregulares a contratistas afines y una percepción de corrupción récord en su entidad según encuestas del INEGI.
Si la propuesta de Sheinbaum —centrada precisamente en denuncias ciudadanas como detonador de medidas cautelares— tuviera el éxito que ella promete y se aplicara sin excepciones ni protecciones selectivas, “ahora sí le va a caer el chahuistle a Lorena Cuéllar”.
La gobernadora debería ser de las primeras en enfrentar esa suspensión inmediata del cargo mientras se investiga a fondo su red de presuntos favoritismos y desvíos. De lo contrario, esta iniciativa no pasará de ser otro bonito anuncio: un mecanismo para simular combate a la corrupción, pero que en la práctica servirá para perseguir selectivamente mientras los “intocables” del régimen permanecen blindados.