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Miriam Rojas Olvera, una de las personas detenidas por la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala en el caso del doble homicidio del matrimonio Tello Ruiz —Alexandro Agustín Tello Olmedo y Karina de los Ángeles Ruiz Ruiz—, mantiene una relación contractual documentada con el gobierno estatal durante la actual administración.
De acuerdo con información publicada por la reportera Metzli Escalante en el portal del periodista Guillermo Ortega (6 de marzo de 2026), los registros de transparencia confirman que Rojas Olvera (RFC ROOM800420AW3) aparece de manera recurrente en el padrón de proveedores y contratistas del gobierno de Tlaxcala. Clasificada como persona física con actividad empresarial en el estrato de pequeña o mediana empresa, ha participado en rubros como construcción de obras de urbanización, mantenimiento de infraestructura y servicios asociados a obra pública.
Entre los contratos destacados se encuentra el Con-Csitaret-014-18, celebrado con el área de Operación y Mantenimiento del gobierno estatal por aproximadamente 695,693 pesos (incluyendo impuestos), correspondiente a servicios de mantenimiento en 2018. Además, el fallo de adjudicación directa OMG-DLCPU-AD-087-22 demuestra su intervención en procesos de licitación para obra pública estatal y municipal, donde presentó propuestas técnicas y económicas.
Esta participación sostenida implica un contacto habitual con dependencias clave: secretarías de obras públicas, unidades de adquisiciones y funcionarios encargados de validar y supervisar proyectos. En un contexto donde las adjudicaciones directas son comunes, estos vínculos sugieren un acceso a recursos públicos en la gestión actual.
Rojas Olvera fue detenida el 26 de febrero de 2026 e imputada por desaparición cometida por particulares, homicidio calificado y feminicidio. Su caso se vincula también al de Alejandro Atilano, exfuncionario de la Secretaría del Bienestar, igualmente procesado en la misma carpeta de investigación.
Los nexos contractuales, basados en información pública, generan interrogantes sobre los controles en el padrón de proveedores y la posible cercanía entre contratistas y estructuras administrativas.