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El traslado de apoyos funcionales en unidades oficiales del gobierno de Tlaxcala no solo evidenció una irregularidad administrativa, sino que abrió cuestionamientos sobre un posible esquema sistemático de uso de recursos públicos en beneficio de una organización con vínculos políticos.
La titular de la Secretaría de Bienestar estatal, María Estela Álvarez Corona, admitió que el envío de sillas de ruedas, andaderas y muletas hacia la Fundación de Desarrollo Social Tlaxcala A.C. (FUDESTAC) no fue un hecho aislado, sino una práctica recurrente gestionada a través de áreas internas de la dependencia.
De acuerdo con su versión, la fundación adquiere los insumos fuera del estado y posteriormente solicita apoyo logístico para su traslado. Sin embargo, la funcionaria no precisó si existe un convenio formal publicado, reglas de operación claras o lineamientos que autoricen el uso de personal, combustible y vehículos oficiales para apoyar a una asociación civil específica.
Documentos y protocolos que deberían regir este tipo de colaboraciones —como convenios interinstitucionales, criterios de asignación y mecanismos de transparencia— no han sido exhibidos públicamente, lo que podría interpretarse como posibles faltas administrativas o incluso responsabilidades por el uso indebido de bienes públicos.
El caso se detonó tras la difusión de un video fechado el 11 de marzo, en el que se observa a personal descargando con rapidez equipo médico de una camioneta oficial en un inmueble ubicado en la calle Miguel Guridi y Alcocer, en el centro de Tlaxcala, sede de FUDESTAC. La operación, realizada sin explicación oficial en ese momento, generó sospechas sobre la legalidad del procedimiento.
A esto se suma el contexto político ya que la fundación ha sido vinculada públicamente con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, lo que refuerza la hipótesis de un posible conflicto de intereses.
Hasta el momento, la Secretaría de Bienestar sostiene que cuenta con oficios de solicitud y comprobantes de compra; no obstante, dichos documentos no han sido transparentados ni sometidos a revisión pública. Tampoco se ha informado si órganos de control interno o instancias fiscalizadoras han iniciado algún procedimiento para esclarecer los hechos.