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La presunta destrucción de documentos legales, incluidos amparos, puso en jaque el funcionamiento del Centro de Reinserción Social de Tlaxcala, donde familiares de internos denunciaron una serie de prácticas que podrían constituir violaciones graves a derechos fundamentales.
Según los señalamientos, durante una revisión reciente al interior del penal se registraron actos de intimidación contra las Personas Privadas de la Libertad, en un operativo que habría sido encabezado por el director, Iván Sánchez de la Torre. A ello se suma la acusación de que documentación jurídica fue dañada o eliminada, lo que compromete directamente la defensa legal de los reclusos.
Más aún, las condiciones materiales dentro del penal también han sido cuestionadas, ya que la alimentación proporcionada presenta deficiencias constantes, con alimentos en mal estado o preparados con antelación, lo que ha generado preocupación por la salud de los internos.
Sin embargo, lo que más inquieta a familiares es que estos hechos no son aislados. Por el contrario, aseguran que se trata de conductas que se repiten de manera sistemática en los centros penitenciarios del estado, sin que exista una intervención efectiva por parte de las autoridades.
En ese contexto, las denuncias también alcanzan al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alberto Perea Marrufo, quien en distintas ocasiones ha sostenido públicamente que el sistema penitenciario opera con normalidad. No obstante, los hechos denunciados contrastan con ese discurso y evidencian, según los inconformes, una brecha entre la versión oficial y la realidad al interior de los penales.
Casos previos en el mismo Cereso han derivado en denuncias por abusos, corrupción y malas prácticas, lo que exhibe un problema estructural que, lejos de resolverse, parece persistir a través de distintas administraciones.
Ante este escenario, familiares exigen la intervención inmediata de autoridades estatales y organismos de derechos humanos, al considerar que la falta de acciones concretas ha permitido que estas prácticas se normalicen, en un sistema donde —afirman— la vigilancia institucional sigue siendo insuficiente.