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En un histórico manotazo sobre la mesa, la Corte anula excesos legislativos en Tlaxcala, Zacatecas, Yucatán y Veracruz, protegiendo al municipio.

En una sesión que pone al descubierto la recurrente voracidad de los gobiernos estatales por invadir esferas de poder ajenas, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) propinó hoy un golpe de autoridad en defensa de la autonomía municipal y el orden federal.

La resolución de la Controversia 245/2025 es una radiografía del atropello: el Congreso de Tlaxcala pretendió auditar indebidamente aportaciones federales del municipio de Contla de Juan Cuamatzi, una tarea que la Constitución reserva exclusivamente a la Auditoría Superior de la Federación. Este fallo no es solo una corrección técnica; es un recordatorio de que los estados no pueden usar sus órganos de fiscalización para asfixiar o someter políticamente a los ayuntamientos.

Por si fuera poco, la Corte exhibió al Ejecutivo de **Zacatecas**, que intentó condicionar ilegalmente la transferencia del servicio de tránsito al municipio de Río Grande mediante requisitos inventados y plazos que duplicaban los 90 días constitucionales. La sentencia es clara: el tránsito es municipal y las entidades no pueden retenerlo por capricho administrativo.

Finalmente, el Alto Tribunal barrió con leyes de Veracruz, Yucatán y Zacatecas que pretendían regular la transparencia en partidos y sindicatos. Al declarar la competencia **exclusiva de la Federación** en esta materia, la SCJN detiene la fragmentación de los derechos ciudadanos bajo leyes locales a modo. Hoy, la justicia federal actuó como el último dique contra el autoritarismo regional que ignora la Constitución para ensanchar sus propios márgenes de control.