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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno enfrenta graves señalamientos internos por presunto acoso laboral, hostigamiento y abuso de poder al interior de una de sus áreas clave, donde trabajadores denunciaron un ambiente de intimidación sostenido y tolerado desde la propia estructura directiva.
De acuerdo con testimonios recabados de manera anónima por temor a represalias, las acusaciones se centran en Cruz Martín Pérez Zecua, actual jefe del Departamento de Normatividad, a quien señalan de mantener un patrón reiterado de conductas inapropiadas, particularmente hacia personal femenino. Las denuncias describen invasión de espacio personal, miradas insistentes y comportamientos que han generado incomodidad constante entre trabajadoras.
Pero más allá de los señalamientos de acoso, el caso apunta a un esquema más amplio de presión y control interno. Según los testimonios, el funcionario utiliza su supuesta cercanía con la titular de la dependencia, María Isabel Delfina Maldonado Textle, como mecanismo de intimidación, advirtiendo que puede influir directamente en despidos o sanciones administrativas contra quienes no acaten sus indicaciones.
“Dice que ella solo escucha su versión”, relataron fuentes internas, quienes además aseguraron que esta situación ha derivado en un clima laboral marcado por el miedo. Trabajadores afirmaron que existe la percepción de que cualquier queja puede derivar en represalias, incluyendo la fabricación de actas administrativas para justificar bajas laborales.
Los testimonios también revelan antecedentes preocupantes. Pérez Zecua habría sido separado previamente del Órgano de Fiscalización Superior por presuntos hechos similares relacionados con acoso, instancia donde coincidió con la actual titular. Pese a ello, aseguraron, fue reincorporado al servicio público bajo su gestión y con una posición de mando.
Hasta el momento, al menos tres quejas internas habrían sido presentadas sin que exista —según los denunciantes— una investigación efectiva o medidas de protección para las posibles víctimas. Por el contrario, acusaron que la omisión institucional ha permitido que las conductas continúen y se profundicen.
El caso resulta especialmente delicado al tratarse de una dependencia cuya función central es precisamente prevenir y sancionar actos de corrupción y abuso dentro del servicio público. La contradicción entre su mandato y las prácticas denunciadas al interior abre cuestionamientos sobre la integridad de sus procesos internos y la actuación de su titular.
Trabajadores coincidieron en que el problema ya no es aislado, sino estructural, y adviertieron que, de no intervenir instancias externas, el ambiente podría deteriorarse aún más. Mientras tanto, el silencio de la cómplice titular y el temor de las víctimas mantienen el caso en la opacidad y en un claro abusode autoridad.