- Política
En un acto de abierta violación a las leyes electorales, el Gobierno Estatal de Lorena Cuéllar Cisneros obliga a decenas de servidores públicos a salir mañana sábado 4 de julio a los municipios para repartir propaganda y realizar encuestas a favor de Alfonso Sánchez García, su “delfín” político y candidato con licencia.
Secretarios y directivos de diversas dependencias han convertido a los empleados en “mapaches electorales” bajo amenazas de despido inmediato. “O se van mañana a los municipios a repartir la propaganda de Alfonso o el lunes ya no se presenten”, es la advertencia que, según testimonios filtrados en grupos de WhatsApp, transmiten los superiores.
Los trabajadores denuncian además que deben cubrir de su bolsillo los gastos de transporte, comida y gasolina, y reportar su ubicación en tiempo real con sus teléfonos personales. La intimidación llega al extremo de amenazar con correr también a familiares que laboran en otras áreas del gobierno si no cumplen. “Nos tratan como esclavos electorales y nos exigen regalar nuestro fin de semana para una campaña que no levanta”, afirmó un empleado de la Secretaría de Infraestructura que pidió anonimato por temor a represalias.
Este escándalo desnuda el secuestro de la administración pública para fines electorales particulares, en medio de un clima de terror laboral y abuso de poder. Las prácticas descritas configuran coacción, uso indebido de recursos humanos del Estado y posible delincuencia electoral, hechos que demandan una investigación inmediata por parte de las autoridades competentes.