La Iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Igualdad de Género y Contra la Trata de Personas, así como a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos, para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.

Tras su aprobación, se instruyó la remisión del Decreto a la titular del Poder Ejecutivo para su sanción y publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

La legisladora planteó ampliar de tres a cuando menos diez días hábiles el plazo para que los síndicos revisen y validen la Cuenta Pública antes de su envío al Congreso del Estado, al considerar que el periodo actual resulta insuficiente frente a la complejidad técnica, financiera y administrativa que implica integrar este documento.