El máximo tribunal del país resolvió la controversia promovida por la comuna y declaró inválidas las restricciones que imponían límites al gasto en materia de adquisiciones y obra pública.
Entre las pérdidas se contabilizan máquinas industriales, básculas de diferentes capacidades, una compresora y otros implementos utilizados en la producción textil, con un valor estimado superior a los 70 mil pesos.
El ex edil aseguró que no tiene “nada que esconder” y rechazó categóricamente la versión del síndico, quien lo habría acusado de ser propietario del mercado municipal.
El máximo tribunal concluyó que no existió un convenio de coordinación con la Auditoría Superior de la Federación, requisito indispensable para que autoridades estatales puedan fiscalizar fondos de origen federal.