Inconformes bloquearon accesos principales y colocaron mensajes de protesta para denunciar una serie de irregularidades que, aseguran, se han agravado durante la actual administración.

El documento establece que las órdenes de protección administrativas pueden tener una duración de hasta 60 días y deben emitirse de manera inmediata una vez que la autoridad tenga conocimiento de los hechos.

La síndica reiteró que durante su gestión detectó diversas irregularidades administrativas, entre ellas el retraso en la entrega de cuentas públicas.

Hasta ahora, no se han dado fechas oficiales para restablecer el servicio, ni información técnica sobre el estado real de la infraestructura.

Denunciaron retrasos en la entrega de certificados a adultos mayores que concluyeron su formación desde el año pasado.