La iniciativa busca que las víctimas de violencia sexual y familiar, sean atendidas en las instituciones públicas de salud, con el tratamiento idóneo y cuya prioridad sea restablecimiento de su salud física y mental.
Se contempla la permanencia y continuidad laboral del personal, además se establece un modelo de transición y un procedimiento en el régimen transitorio.
Ninguno de los candidatos a la reelección podrá asistir a eventos públicos gubernamentales o privados en los que se entreguen apoyos sociales a la población.