La medida, lejos de ser una estrategia organizativa, ha sido percibida como una forma de exclusión laboral que deja fuera a cientos de maestros con años de servicio.
La situación ha generado indignación entre los profesores, quienes exigen una pronta intervención de las autoridades del Estado para esclarecer el hecho y devolver las prestaciones sustraídas.
Expusieron que muchos de ellos son víctimas de acoso laboral, hostigamiento y presión por el hecho de no formar parte del cuadro de seguidores del director general.