Según relatan los afectados, los delincuentes portaban armas blancas y de fuego, sometieron a todos los residentes y revisaron cada habitación con minuciosa saña, llevándose todo lo de valor.
Mientras el discurso oficial habla de “reforzar la seguridad”, los hechos demuestran que el municipio se ha vuelto un blanco fácil para los ladrones, y la confianza ciudadana en la autoridad local sigue en caída libre.
Los vecinos señalan que el funcionario no solo cerró el paso, sino que además está construyendo un área que no le corresponde, alterando la infraestructura de la zona sin permisos visibles ni consulta previa.
El caso ha abierto un debate sobre cómo se aplican los criterios de paridad en cargos judiciales y la importancia de respetar los resultados electorales sin alterar la voluntad popular.
Algunos internos habrían sido sacados del penal para cometer ilícitos, entre ellos atracos y hasta homicidios, aunque estas afirmaciones no han sido comprobadas.